En un juicio sin precedentes para la protección de la fauna en el país, cuatro personas serían condenadas a dos años de prisión efectiva por la caza de un yaguareté en la localidad de Ibarreta, Formosa.
La histórica sentencia, que se dictó en el marco de un juicio abreviado, que deberá ser confirmada por el juez, marca un antes y un después en la lucha contra los delitos ambientales y la protección de especies en peligro de extinción en Argentina.
Este caso, que generó una profunda indignación en la sociedad formoseña y de todo el país el año pasado, ha tenido un rápido desarrollo judicial. Hoy, en el inicio del juicio oral, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo que culminó en una condena de dos años de prisión efectiva para los acusados.
La noticia fue confirmada en una entrevista exclusiva con la Dra. Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Administración de Parques Nacionales y parte de la querella en el caso, en el programa radial «Exprés en Radio».
«Estamos muy contentos por la noticia», expresó la Dra. Cardozo. «Tanto la fiscalía como la defensa presentaron un juicio abreviado y obtuvimos la condena de prisión efectiva de dos años. Solo van a tener permiso para salir a trabajar en este período».
Un trabajo coordinado y un precedente fundamental
La condena es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales, la provincia de Formosa (a través de su procuración) y la Red Yaguareté, quienes se constituyeron como querellantes.
La Dra. Cardozo destacó que la participación conjunta de estas instituciones fue «fundamental» para el éxito del proceso judicial.
El caso se inició luego de que se difundieran fotografías en redes sociales donde los acusados exhibían la piel del animal cazado. La rápida individualización de los responsables y el procesamiento de las cuatro personas llevaron el caso a la instancia de juicio, donde finalmente se alcanzó el acuerdo de juicio abreviado.
La Dra. Cardozo aclaró que la condena de «prisión efectiva» implica que los condenados deberán cumplir su pena privados de su libertad. Aunque ya se encontraban con prisión domiciliaria y permisos laborales, esta sentencia confirma que seguirán bajo esta modalidad y con las restricciones laborales correspondientes.
«Este es un precedente histórico», afirmó Cardozo.
«Es la primera vez que se logra una pena de prisión efectiva por un delito de este tipo». Y es que, a pesar de la existencia de leyes de protección de la fauna, muchos de estos casos quedaban impunes o terminaban sin una condena de prisión.
La búsqueda de penas más duras y la coexistencia
Este fallo no solo marca un hito judicial, sino que también impulsa un cambio legislativo en el país. La Administración de Parques Nacionales busca avanzar en un proceso legislativo para modificar la Ley de Fauna, ya que la pena máxima para estos delitos es de tres años.
La Dra. Cardozo argumentó que la legislación actual no está preparada para describir correctamente la complejidad de estos crímenes, lo que a menudo dificulta el accionar de la justicia.
«Tenemos que hacer un recuento de cómo realmente son los hechos», sostuvo Cardozo. «Porque después empezamos a diagramar si se caza, si no se caza, si me lo encontré, si lo tuve que cazar porque corría peligro mi vida. Hay un montón de situaciones que debemos describir legislativamente de una manera más correcta para que no ocurra esto que decís, que todo queda en la nada».
Además de las penas más duras, las autoridades buscan implementar un plan para lograr una coexistencia pacífica entre especies como el yaguareté y las comunidades rurales. Este plan incluiría protocolos para que los habitantes de estas zonas puedan alertar a los organismos de protección en caso de avistamientos, y así evitar daños a la fauna silvestre o a los animales domésticos.
Un avance para la conservación
La condena por la caza del yaguareté es un gran paso para la conservación en Argentina. Este precedente histórico refuerza la importancia de la colaboración entre los distintos actores de la sociedad civil, los organismos gubernamentales y las organizaciones ambientalistas para defender la vida silvestre.
La Dra. Cardozo concluyó la entrevista resaltando que este tipo de condenas son un «mérito» y un «avance increíble» que sirven para concientizar a la población de que estas prácticas están prohibidas y tienen consecuencias reales.