En un contexto de ajuste económico a nivel nacional, la suspensión masiva de pensiones no contributivas por invalidez ha generado una profunda crisis social. Se estima que alrededor de 100.000 beneficiarios en todo el país se han visto afectados por esta medida.
En una entrevista con el programa Exprés En Radio FM VLU 88.5, la directora de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad, Susana Jara, describió la situación como «complicada» y llena de «desolación» para las personas con discapacidad, un colectivo que, según señaló, se encuentra en una situación de «vulnerabilidad».
Jara, que se encontraba en la comunidad originaria de Pozo del Tigre, un lugar duramente afectado por los recortes, relató que los beneficiarios se enteraron de la suspensión de sus ingresos al ir al cajero y descubrir que su dinero ya no estaba. Esta situación es particularmente grave, ya que muchos de estos fondos se destinan a «medicamentos y calidad de vida en general».
La desprolijidad de la auditoría y la falta de referentes nacionales
La directora señaló una serie de «desprolijidades» en el proceso de auditoría que ha llevado a que muchas personas pierdan su beneficio de manera injusta. Entre los principales problemas, destacó que las cartas documento que se suponía debían notificar a los beneficiarios sobre la auditoría médica «jamás han llegado» a muchos domicilios.
Esta falta de comunicación ha dejado a las personas sin la posibilidad de presentar la documentación necesaria que acredite su discapacidad. Para empeorar la situación, no existe un lugar físico en Formosa, como una oficina de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde los afectados puedan presentar su reclamo.
La única alternativa son las oficinas del ANSES, pero como bien señaló Jara, estas no están disponibles en todas las localidades del interior provincial, lo que complica aún más la situación.
«No tenemos una persona física donde concurrir», lamentó Jara, quien también se refirió a otros problemas, como citaciones con «datos erróneos», «lugares que no existen» y horarios «imposibles» que impidieron a los beneficiarios cumplir con los controles médicos.
El papel del gobierno provincial como puente de asistencia
Ante este escenario de desprotección, el gobierno provincial, a través del Ministerio de la Comunidad, ha asumido un rol activo. Según Jara, se está trabajando de manera articulada con los municipios y dirigentes, brindando capacitaciones para que puedan acompañar a las personas con discapacidad en el proceso de regularización.
La directora detalló el procedimiento que deben seguir los afectados, que se realiza de forma virtual a través de la página de la ANDIS. La persona debe:
- Presentar un DNI escaneado.
- Incluir una historia clínica actualizada que acredite su patología.
- Redactar una nota manuscrita solicitando la restitución de su pensión.
- Adjuntar una copia de la citación recibida, si es que la tuvo.
Jara reconoció que este procedimiento es un desafío, especialmente por la falta de información oportuna, pero destacó que el objetivo es «darle a la gente la posibilidad de presentar la documentación» para que la Agencia Nacional de Discapacidad pueda reevaluar cada caso y, de ser necesario, restituir el beneficio.
La funcionaria concluyó agradeciendo la oportunidad de informar a la población y expresó su deseo de que se logre una resolución pronta para quienes se encuentran en esta situación delicada, una muestra más de cómo el ajuste a nivel nacional tiene un impacto directo en las vidas de los más vulnerables en el interior del país.