El programa radial Exprés en Radio FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO) tuvo como invitado especial a Blas Hoyos, ex convencional constituyente, para debatir sobre los recientes y controvertidos sucesos en la Convención Constituyente de la provincia de Formosa. La entrevista, que abordó la renuncia del convencional Patrón y las implicancias de las reformas constitucionales propuestas, reveló la profunda preocupación de Hoyos por el rumbo institucional de la provincia. Su visión, basada en la experiencia de 2003, ofreció un diagnóstico crudo sobre la falta de diálogo y el riesgo que corre el sistema republicano en Formosa.
Renuncia, soberbia y la falta de respeto a las minorías
Al comienzo de la entrevista, Hoyos se refirió a la renuncia del convencional Patrón como un derecho legítimo. Aunque su afiliación al radicalismo se mantiene firme, «debo decir que sí» compartió la decisión, basándose en lo que él mismo vivió en el año 2003. Para Hoyos, lo ocurrido con Patrón y las recientes modificaciones constituyentes demuestran un patrón de conducta que se repite. «No hay respeto a las minorías, no hay respeto al disenso, no hay tolerancia, no hay voluntad de diálogo».
El ex convencional enfatizó que, a diferencia de una ley pasajera, una Constitución es un pacto fundamental que regirá «la vida de los formoseños de dos o tres generaciones más». Por ello, su elaboración requiere «mecanismos básicos de consenso». En este punto, Hoyos contrastó la situación de Formosa con la de otras provincias, como Santa Fe, donde no solo se respeta la opinión de la minoría en la convención constituyente, sino que también se convoca a «audiencias públicas con distintos sectores para tomar decisiones que tengan consenso». La falta de esta práctica en Formosa es, según él, un «error muy equivocado» del oficialismo, ya que «el consenso es lo que le da sustentabilidad a los sistemas y a los acuerdos».
Recordó que la Constitución de 1949, impulsada por el peronismo, se cayó rápidamente por falta de sustento, mientras que la de 1994, producto del Pacto de Olivos, se mantiene firme hasta hoy porque «partió de un consenso y de un acuerdo de las fuerzas mayoritarias donde hubo respeto a las minorías». En Formosa, en cambio, percibe «prepotencias» y «un abuso del poder» que deja sin sentido la participación.
Un sistema monárquico y el aislamiento de Formosa
Hoyos fue más allá, afirmando que las reformas propuestas sacan a la provincia del marco legal de la Constitución Nacional. «Nosotros tenemos que integrarnos dentro del espíritu y los lineamientos de una Constitución Nacional porque pertenecemos a la Nación Argentina. Claro. No podemos tener, por ejemplo, un sistema monárquico». Hoyos recordó que en 2003, la Corte Suprema de Justicia ya había obligado a Formosa a convocar a una constituyente. Sin embargo, en lugar de solucionar el problema, las nuevas modificaciones están «profundizando el aislamiento de la provincia respecto al sistema político, institucional y jurídico de la Nación».
Inconstitucionalidad y la intervención como “remedio extremo”
Sobre la posibilidad de una intervención federal, Hoyos manifestó que es un «remedio extremo ante una situación extrema» y que, si bien es lamentable, se encuentra contemplado en el artículo 6 de la Constitución Nacional. Considera que esta figura podría ser activada por el «mismísimo gobierno de la provincia», debido a su irresponsabilidad. Hoyos sostiene que Formosa dejó de tener un sistema republicano hace mucho tiempo, en el que el poder legislativo «solo aprueba los despachos que le envía el poder ejecutivo» y el poder judicial se ha limitado a ser un «órgano administrativo de justicia de temas menores».
Para ilustrar este punto, lanzó una pregunta provocadora: «¿Puede ser que en 40 años de gobierno no haya un solo juicio por corrupción en la provincia?». El ex convencional señaló que esto «no ocurre ni siquiera en los países escandinavos» y que la falta de funcionamiento del poder judicial es evidente. El único procesado por corrupción, según él, fue el intendente radical Gabriel Hernández, cuyo «pecado» fue haber destinado fondos para pagar sueldos de empleados municipales.
Modificaciones peligrosas y una deuda histórica
Hoyos calificó como «muy peligrosas» las nuevas modificaciones. Particularmente le preocupan dos puntos: el avance sobre el «derecho de la propiedad privada» bajo la figura de la utilidad pública y la «criminalización de la protesta» con el concepto de «paz social». En ambos casos, el problema radica en que «la pregunta que nos hacemos técnicamente» es: «¿Quién determina qué es por el bien común?» o «¿quién dice que esta movilización es buena y esta movilización es mala?», dejando estas definiciones en manos del poder de turno.
Finalmente, Hoyos aprovechó para hacer un llamado a la acción. Calificó como una «claudicación ética e histórica muy grave» el hecho de que la Constitución no incluya el reclamo por la pérdida de 400.000 hectáreas de territorio formoseño, a causa del mal trazado de la línea Barilari. «Eso es una tremenda herida abierta que tenemos nosotros y un despojo histórico», concluyó, recordando que en esa zona existen recursos vitales, como el litio. Para Hoyos, esta causa es incluso más importante que la causa Malvinas.