En la Unidad Penitenciaria Provincial Nº 3 de Las Lomitas se llevó adelante una importante jornada de capacitación en manipulación segura de alimentos, destinada a personas privadas de libertad y personal penitenciario.
La actividad, que corresponde a la edición número 55 de este ciclo formativo, estuvo encabezada por la jueza de Ejecución Penal de la provincia, Dra. Silvia Edith Benítez, quien destacó la relevancia del encuentro.
“Se cumplió así un anhelo personal de que todas las personas condenadas alojadas en las distintas unidades carcelarias de la Provincia tengan acceso a la educación”, subrayó.
La iniciativa surgió a instancias del Juzgado de Ejecución Penal y contó con la adhesión del Ministerio de Desarrollo Humano, en el marco de las políticas públicas que buscan generar igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, incluso para quienes cumplen una pena privativa de libertad.
El curso, autorizado por el Superior Tribunal de Justicia mediante la Resolución Nº 393/25, fue dictado por especialistas de la Dirección Provincial de Bromatología y por el relator del Juzgado de Ejecución Penal, Juan Simón Morello, capacitador avalado por la ANMAT. También participaron las capacitadoras Cecilia Izquierdo y Flavia Berger, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano.
La formación permite a los internos obtener un carnet habilitante nacional, requisito indispensable para desempeñarse en el rubro gastronómico, constituyendo así una herramienta concreta para su futura inserción laboral.
Del acto de apertura participaron, además de la jueza Benítez, el fiscal de Las Lomitas, Dr. Reinaldo Duarte; la oficial de Prueba del Juzgado de Ejecución Penal, Lic. Silvia Puppo; el director de Bromatología, Ing. José González; el comisario inspector Franklin Alberto Mora (director de la UPP Nº 3) y el comisario Roberto Dionisio Flores (director de la UPP Nº 6).
Durante la jornada, los internos también tuvieron la posibilidad de consultar de manera personal a la jueza Benítez sobre cuestiones vinculadas a sus situaciones procesales, en un marco de respeto y cordialidad.
Esta propuesta se distingue no sólo por garantizar conocimientos esenciales en materia de seguridad alimentaria, sino también por su carácter gratuito —a diferencia de otras provincias donde el curso es arancelado—, consolidando así una política de inclusión educativa dentro del sistema penitenciario provincial.