El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que la Justicia Federal intimó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir, en un plazo perentorio de 24 horas hábiles, las pensiones no contributivas por incapacidad laboral que habían sido suspendidas en la provincia.
La medida fue dispuesta por el juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Formosa, Dr. Pablo Fernando Morán, quien ordenó a la ANDIS dar cumplimiento inmediato a la sentencia interlocutoria del 19 de agosto. En caso contrario, advirtió que se dará vista al Fiscal Federal en turno para investigar una posible desobediencia judicial, delito contemplado en el artículo 239 del Código Penal con penas de hasta un año de prisión. Además, se podrían aplicar sanciones económicas (astreintes) hasta el cumplimiento total de lo dispuesto.
La resolución judicial ratificó lo ordenado por la jueza federal María Belén López Macé, quien había hecho lugar a una medida cautelar solicitando al Estado Nacional y a la ANDIS dejar sin efecto las retenciones de pensiones en Formosa. También dispuso la liberación de los fondos retenidos en cuentas bancarias de los beneficiarios y otorgó un plazo de tres meses para que las personas afectadas puedan regularizar su situación administrativa.
Desde la Defensoría del Pueblo se confirmó que las notificaciones ya fueron realizadas en los domicilios constituidos por la ANDIS en la provincia. En caso de incumplimiento, Gialluca adelantó que solicitará el procesamiento del actual interventor del organismo, Alejandro Vilches, por desobediencia a la Justicia Federal, además de la aplicación de sanciones económicas por el perjuicio ocasionado a miles de pensionados con discapacidad.
Ajustes y denuncias
sobre el funcionamiento
de la ANDIS
El Defensor del Pueblo también advirtió sobre el proceso de “desguace” de la Agencia Nacional de Discapacidad, en particular del Área de Auditorías, que pasó de contar con 16 empleados a apenas 5. Según señaló, esta reducción impacta en la capacidad de control y en la garantía de derechos de las personas con discapacidad en todo el país.
En este marco, recordó que en la última Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), realizada en San Juan los días 12 y 13 de agosto, el Director Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS, Eduardo Nelio González, admitió que de las 80.000 pensiones dadas de baja no se detectaron irregularidades, sino que los problemas se originaron en deficiencias en las notificaciones.
Asimismo, González reconoció que muchos beneficiarios fueron citados a más de 500 kilómetros de distancia de sus hogares y vinculó directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Dr. Federico Sturzenegger, como el funcionario que impulsó las bajas masivas de pensiones sin verificar si estaban correctamente asignadas.
Según se denunció, miles de personas con discapacidad se vieron obligadas a cumplir con la presentación de antecedentes médicos en plazos irrisorios de entre 10 y 20 días, resultando materialmente imposible en la mayoría de los casos.
De esta manera, el conflicto por la suspensión de pensiones en Formosa expone la tensión entre los procesos de ajuste impulsados a nivel nacional y la defensa de los derechos esenciales de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.