El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, denunció públicamente que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está llevando adelante un plan de auditorías “con instrumentos rudimentarios, sin criterio estratégico y de manera arbitraria”, lo que estaría derivando en la suspensión de pensiones no contributivas y en un “maltrato sistemático” hacia personas con discapacidad en la provincia y en el resto del país.
De acuerdo con el Ombudsman provincial, la Defensoría recibió una formal solicitud de diversas comunidades originarias del Departamento Ramón Lista, cuyos integrantes residen en El Potrillo, El Quebracho, El Chorro, Lote 8, María Cristina y otras localidades. Los beneficiarios manifestaron que son citados a la sede del PAMI en Ingeniero Juárez para someterse a las denominadas “auditorías médicas” ordenadas por la ANDIS.
Gialluca advirtió que estos procedimientos se realizan “de manera arbitraria, inaccesible y sin el debido profesionalismo”. En muchos casos, según explicó, los auditores no se identifican ni explican su función, generando incertidumbre entre los beneficiarios. A esto se suma que numerosas personas no recibieron las cartas documento de notificación, lo que deriva en que recién al intentar cobrar se encuentran con que su pensión fue suspendida sin previo aviso.
El Defensor señaló que estas irregularidades afectan a personas en situación de alta vulnerabilidad, ya que la falta de accesibilidad en las sedes donde se llevan a cabo las auditorías —muchas veces oficinas públicas sin condiciones adecuadas o incluso con direcciones incorrectas— dificulta la asistencia de personas con discapacidad motora, visual o auditiva.
En ese sentido, Gialluca sostuvo que el objetivo real de estas auditorías debería ser garantizar un proceso “justo y transparente” y no convertirse en una herramienta para la baja masiva de pensiones. “No estamos hablando de delirios políticos, como lo entiende el Gobierno Nacional, sino de derechos humanos que no se están respetando y que afectan la calidad de vida de miles de personas con discapacidad”, remarcó.
Asimismo, criticó que el Gobierno Nacional “se ocupe más de silenciar la investigación sobre las presuntas coimas en la ANDIS mediante censuras a periodistas que de informar qué sucedió con los fondos destinados a personas con discapacidad”.
Finalmente, el Ombudsman confirmó que la Defensoría del Pueblo continuará realizando presentaciones ante la Justicia Federal para exigir que la ANDIS y el Gobierno Nacional cumplan con el fallo vigente a favor de las personas con discapacidad.