Los dueños de la droguería Suizo Argentina hicieron dos pedidos puntuales con un mismo objetivo: anular la investigación que se ocupa de determinar si existió un entramado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ante las presentaciones de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, el juez federal Sebastián Casanello creó un incidente para estudiar los argumentos y pedirá la opinión del fiscal Franco Picardi y a los involucrados.
Mientras la investigación por presuntos hechos de corrupción avanza bajo secreto de sumario -que vencía este jueves pero será prorrogado-, el magistrado creó un incidente puntual para dar tratamiento a los dos escritos firmados por el abogado Martín Magram.
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Los audios filtrados de Diego Spagnuolo
La defensa de los dueños de la droguería sospechada de haber pagado sobornos a cambio de posicionarse como la principal proveedora de medicamentos de la ANDIS con licitaciones que ascienden a $ 55.000 millones el último año, pidió en primer lugar la nulidad de la investigación.
La defensa de los empresarios expone como argumento central «el origen de la grabación que viola el derecho a la intimidad del señor Diego Spagnuolo, siempre suponiendo la veracidad de la grabación, pero no es lo que se discute esencialmente, sino su manipulación previo a producir la grabación y sin consentimiento de la persona en cuestión».
Bajo ese mismo criterio, allegados a la defensa de los hermanos Kovalivker pusieron en discusión la denuncia presentada por el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, «por tratarse de una prueba sospechosa que tampoco se sabe si está incorporada como prueba en la causa porque aún permanece en secreto de sumario».
De esta manera la defensa a cargo de Magram, discute «el origen de la grabación y la forma en la que se procuró la investigación».
La presentación de la defensa solicita que se declare «la nulidad de ese ‘material probatorio’ que existe pero no está, que brinda información pero no sabemos a ciencia cierta quién, ni cuándo. No pudo jamás dar sustento a una denuncia seria ni tener acogida conforme una buena práctica respetuosa del debido proceso».
Al avanzar en sus argumentos, se señaló que se trata de una “nulidad de carácter absoluto, en tanto el acto viciado viola un derecho constitucional expresamente consagrado –concretamente el derecho a la intimidad previsto en la Constitución Nacional y en las convenciones sobre derechos humanos-, y por tanto puede y debe ser declarado nulo aun de oficio en cualquier estado del proceso».
Este lunes ingresó otro escrito que también pretende la nulidad del caso, pero con otro argumento. El abogado Magram señaló que ya existió un expediente donde se investigaba a la compra de medicamentos del plan Incluir Salud, el más relevante de la ANDIS. La suma involucrada era de 24.000 millones de pesos.
“No se puede realizar una investigación continua con un caso que fue archivado. Antes decían que hubo sobreprecios y eso no se corroboró. Ahora le cambian la expresión y hablan de posibles coimas, pero el hecho ya se investigó y se cerró la causa”, indicaron fuentes allegadas a la droguería Suizo Argentina.
La defensa discute algo que denomina “un cambio semántico: las personas involucradas, la empresa y los contratos son los mismos, pero la justicia ya dijo que no hay elementos de prueba para avanzar”.
La denuncia que dio origen al expediente se sustentó en los audios tomaron estado público y apunta contra Javier Milei; su hermana la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; Eduardo “Lule” Menem, funcionario de la Secretaría General; Diego Spagnuolo, ex Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS); y Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina. Con el avance de las actuaciones, la mira apuntó además a los hijos de Eduardo y actuales controladores de la firma, Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
El texto judicializado sostiene: “todos habrían participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública, debiendo analizarse la maniobra como una asociación ilícita entre los actores que aquí se indican».
De esta manera, los audios filtrados de Spagnuolo, donde habla de la posible existencia de un mecanismo de corrupción institucionalizado en la compra de medicamentos, se convirtieron en la hipótesis central de la causa que instruye el fiscal Picardi.