En medio del mencionado «bozal» legal aplicado a la difusión de los audios de la secretaria de Presidencia Karina Milei, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reafirmó este miércoles el derecho a la libertad de expresión al señalar su centralidad «para la democracia».
Lorenzetti también se pronunció en contra de la ampliación de miembros de la Corte ya que «si se aumenta, cambia la jurisprudencia y eso generará incertidumbre en la vida económica»: «Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó.
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«Hay que dar estabilidad en las instituciones en medio de un proceso económico”, explicó el magistrado.
Ricardo Lorenzetti destacó que la libertad de expresión «es central para la democracia»
El presidente de la Corte Suprema sostuvo que «la jurisprudencia de la Corte es muy clara” respecto de la libertad de expresión y subrayó que no se cambió ni se va a cambiar.
También sostuvo que «la Argentina necesita un cambio profundo y muy relevante en las instituciones» y que la situación actual provoca que «los grandes temas no se solucionen, se trasladen».
Para Lorenzetti, el país «tiene un diseño institucional muy defectuoso porque produce grandes triunfos individuales y fracasos colectivos». En esa línea, insistió en la necesidad de «defender la democracia el estado de derecho» y que «la función del Poder Judicial es mantener la estabilidad» para la seguridad de los ciudadanos.
«Bozal» legal y censura previa: juristas advierten que el fallo que prohibió publicar los audios de Karina Milei vulnera la libertad de expresión
El fallo del juez Alejandro Maraniello que prohíbe la publicación de audios de Karina Milei, en medio del escándalo por supuestas coimas en la Agencia Nacional Nacional de Discapacidad (ANDIS), generó el rechazo de juristas y especialistas, dado que ataca uno de los principales pilares de la democracia: la libertad de expresión.
Esta maniobra de «bozal» legal fue un punto de debate en la conversación pública sobre el rol de los medios en la sociedad. ADEPA expresó su rechazo a la medida judicial, como así también desde el plano institucional judicial salieron a cuestionar el hecho.
Al mismo tiempo, la restricción a la difusión de los audios también tuvo la desaprobación de varios sectores del espectro político, donde diputados, senadores, funcionarios y dirigentes manifestaron una profunda preocupación por la maniobra del Gobierno que intenta avanzar con una censura previa.