Por una amplia mayoría, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial y restituyó la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que viene siendo largamente reclamada por el colectivo más golpeado por el ajuste y las prácticas de corrupción: las personas con discapacidad.
La decisión parlamentaria reconoce la urgencia de atender las múltiples vulneraciones que enfrentan a diario las personas con discapacidad y sus familias, y abre el camino para volver a implementar políticas públicas integrales, con recursos adecuados, que garanticen acceso a la salud, la educación, la accesibilidad y el trabajo.
Al respecto, Susana Jara, directora de Personas con Discapacidad, expresó que “el rechazo del Senado al veto representa una victoria de la dignidad sobre la indiferencia y de los derechos sobre los intereses particulares”.
“Esta aprobación beneficia de manera directa a las personas con discapacidad, que podrán acceder a sus tratamientos terapéuticos, medicación y transporte, derechos de los que nunca debieron ser apartados. Y de manera indirecta también alcanza a los prestadores, que se vieron gravemente afectados por las medidas de ajuste”, explicó.
La norma que sobrevivió al veto presidencial declara la emergencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Además, establece la actualización automática del nomenclador de prestaciones según el IPC y la recomposición de aranceles retroactiva al 1° de diciembre de 2023.
Además, la sanción del Congreso llega en un escenario cargado de tensiones políticas y denuncias por prácticas incompatibles con la ética y el buen gobierno.“Vinieron a decirnos que no hay presupuesto, que había que ordenar las cosas de manera transparente, y surge este escándalo por las coimas en la ANDIS. La verdadera transparencia es garantizar derechos, no recortarlos”, denunció Jara.
Mientras el presidente Javier Milei anunció que judicializará la decisión, desde las provincias se alzan voces que ratifican el compromiso con este sector. “No puede ser que, por un capricho del presidente, el Estado deje de proteger a sus ciudadanos”, reafirmó la funcionaria.
“Como argentinos debemos hacer valer nuestros derechos y, en este sentido, el Gobierno de Formosa, como lo hizosiempre, se mantiene firme en el sostenimiento de las políticas de inclusión”, finalizó.