La seguridad social argentina atraviesa una crisis estructural que encuentra su mayor expresión en el régimen previsional. Un dato ilustra la magnitud del problema: más del 80% de las jubilaciones otorgadas por la Anses en varias provincias dependen de las moratorias. Un mecanismo que nació como una medida transitoria hace 20 años, terminó convirtiéndose en la norma y reflejando la fragilidad del mercado laboral, marcado por la informalidad.
Formosa, el caso
más crítico
Con un 90,4% de sus jubilaciones obtenidas mediante moratoria, Formosa encabeza el ranking nacional de dependencia del sistema. Le siguen Chaco (86,6%), Misiones (83,2%) y Corrientes (82%). La situación contrasta con la Ciudad de Buenos Aires, donde la incidencia baja al 52,4%.
La brecha de género en Formosa profundiza el panorama: el 95,4% de las 30.987 mujeres jubiladas necesitó de una moratoria, frente al 81,6% de los hombres. El dato expone una doble desigualdad: la histórica precariedad laboral en la provincia y la mayor vulnerabilidad de las mujeres en el acceso a empleos registrados.
Moratorias: de medida
excepcional a regla general
Implementadas en 2005, las moratorias permitieron a quienes no reunían los 30 años de aportes completar los requisitos y acceder a una jubilación. Pero su extensión por dos décadas revela una falla de fondo: la incapacidad del Estado para reducir la informalidad.
Según datos del Indec, el plan de blanqueo laboral incluido en la Ley Bases de 2024 regularizó apenas 16.703 empleos, es decir, el 0,3% de los 5,4 millones de trabajadores informales. Una cifra que evidencia el escaso impacto de las medidas implementadas y la dependencia creciente de los parches previsionales.
Una brecha que golpea
los haberes
El sistema previsional se encuentra además desconectado de la realidad laboral. La exigencia rígida de 30 años de aportes no contempla prestaciones proporcionales, dejando a millones de trabajadores fuera del esquema formal de jubilación.
La diferencia se traduce en los bolsillos: en mayo de 2025, el haber promedio de una jubilación con moratoria fue de $367.005, mientras que quienes lograron jubilarse con aportes completos percibieron $891.447. La brecha afecta directamente la calidad de vida de los jubilados y agrega presión fiscal, ya que gran parte de las erogaciones se cubren con fondos del Tesoro y no con aportes genuinos.
Un desafío impostergable
Aunque la última moratoria (Ley 27.705) finalizó en marzo de 2025, el debate sobre el futuro previsional sigue abierto. Entre las opciones actuales figuran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la moratoria de la Ley 24.476, pero ambas resultan insuficientes para revertir el problema estructural.
Especialistas coinciden en que la salida requiere de una reforma integral que contemple beneficios proporcionales a los años efectivamente aportados y, sobre todo, una estrategia de empleo que combata la informalidad. De lo contrario, el país seguirá sosteniendo un sistema de jubilaciones basado en la excepción, con Formosa como el espejo más nítido de la urgencia de un cambio.