José Leonardo Gialluca denunció penalmente al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad por no acatar una sentencia que ordena restituir pensiones suspendidas en Formosa. El caso involucra a miles de personas con discapacidad que hoy se encuentran sin ingresos ni cobertura médica.
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, presentó una denuncia penal contra el actual interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial, en el marco del artículo 239 del Código Penal Argentino.
La presentación judicial se fundamenta en la firme negativa por parte de ANDIS de cumplir con una sentencia judicial que ordenaba restituir de forma inmediata las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas de manera arbitraria en la provincia de Formosa.
La sentencia
incumplida:
orden firme y
notificada
La medida judicial a la que hace referencia el Defensor del Pueblo fue dictada mediante Sentencia Interlocutoria con fecha 19 de agosto del corriente año. En la misma, un juez federal ordenó a ANDIS que, en el plazo de 24 horas, se dejaran sin efecto todas las suspensiones o retenciones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral en el territorio provincial.
Además, la sentencia exigía que se liberaran los fondos ya depositados en las cuentas bancarias de los beneficiarios, que actualmente se encuentran retenidos. A pesar de haber sido debidamente notificada y ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), desde ANDIS no se ha cumplido con lo dispuesto, lo que motivó la denuncia penal por parte de la Defensoría.
Miles de afectados: sin
pensiones ni cobertura médica
Según lo detallado por Gialluca, la medida afecta directamente a miles de personas con discapacidad que, en muchos casos, cumplieron con todos los requisitos legales para acceder a su pensión no contributiva, y que fueron suspendidas de forma irregular y sin notificación previa.
“Estamos hablando de personas que, de la noche a la mañana, fueron privadas de su único ingreso, y en muchos casos ni siquiera fueron notificadas. La situación es desesperante”, explicó el Ombudsman.
El impacto de la suspensión va más allá del aspecto económico, ya que con la baja de las pensiones también se elimina automáticamente el acceso a coberturas médicas indispensables para tratar condiciones de salud crónicas o discapacitantes.
Gialluca remarcó que se trata de ingresos de naturaleza alimentaria, esenciales para garantizar la subsistencia, el tratamiento médico y la dignidad de los beneficiarios.
«Una burla al sistema
judicial»: duras críticas
al Gobierno Nacional
En su denuncia, el Defensor del Pueblo no solo apunta contra el interventor de ANDIS, sino también contra el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei, al que acusa de “ultrajar los derechos a la vida, la salud y la dignidad humana” con medidas que solo responden a un enfoque fiscalista.
“Se burlan de la Justicia. Esta conducta consolida el abuso contra personas que han sido damnificadas por medidas ilegales y arbitrarias. Hoy no reciben la reparación que merecen y están sumergidas en un estado de desesperación y miseria”, advirtió Gialluca.
El funcionario enfatizó que los organismos judiciales son la “última ratio” a la que puede recurrir una sociedad democrática cuando las soluciones políticas y administrativas han fracasado. En este caso, dijo, la orden del juez llegó luego de agotar todas las instancias previas y su incumplimiento representa un precedente gravísimo.
Audiencia virtual y pedido
de responsabilidades penales
Como parte del proceso judicial en curso, desde la Defensoría del Pueblo también se solicitó la realización de una Audiencia Virtual en la que se buscará no solo una resolución inmediata en favor de los damnificados, sino también determinar las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios involucrados.
Gialluca alertó que el contexto actual, con auditorías mal realizadas y procedimientos poco transparentes por parte de la ANDIS, agrava aún más el cuadro general de vulnerabilidad.
“Estas auditorías van a quedar en la nada. Han sido irregulares y arbitrarias. La falta de empatía es total. Pero nosotros vamos a seguir acompañando a este colectivo junto a las asociaciones y fundaciones que los nuclean.”
Un conflicto que revela el
costado humano de la
política de ajuste
Este caso se enmarca dentro de un contexto nacional más amplio de revisión y recorte de pensiones no contributivas, una política que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, defensorías y organismos de derechos humanos.
La falta de notificación, la ausencia de instancias de apelación, y la suspensión masiva de beneficios en forma casi automática, han sido denunciadas como violaciones al debido proceso y a los derechos fundamentales de personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.