En un giro significativo para miles de formoseños, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha cedido a la presión judicial y ha comenzado a revertir la suspensión de más de 15.800 pensiones no contributivas por incapacidad laboral en la provincia de Formosa. La decisión, que llega un mes después de la orden judicial que exigía la restitución de estos beneficios, se produce tras la intensa labor legal de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que incluso presentó una denuncia penal contra el titular de la ANDIS.
Un mes de lucha y presión judicial
En una entrevista exclusiva con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, el Dr. José García, asesor letrado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, confirmó la noticia. “La ANDIS ha hecho una presentación ante el Juzgado Federal N°2, a cargo de la Dra. Belén López Macé, en la cual se manifiesta el dictado de una resolución que ordena el levantamiento de las suspensiones de todas las pensiones no contributivas por incapacidad laboral que estaban suspendidas en la provincia”, explicó.
El Dr. García detalló que la medida judicial fue el resultado de una acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que desde el inicio de la “pseudo auditoría” llevada a cabo por la ANDIS, detectó graves irregularidades. “No es una auditoría, en realidad, lo que se ha realizado, sino simplemente lo que se tenía previsto era dar de baja un determinado número de personas con discapacidad”, afirmó el letrado, haciendo alusión a la “tormenta” de escándalos que ha envuelto a la agencia nacional por presuntos actos de corrupción y mala praxis.
Demandas, multas y una denuncia penal para lograr el cumplimiento
El camino hasta este punto no fue sencillo. A pesar de la orden judicial de restituir los fondos en un plazo de 24 horas, la ANDIS se tomó un mes para comenzar a acatarla. Ante la inacción, la Defensoría del Pueblo no dudó en intensificar su ofensiva legal. “Tuvimos que ayudarlo, digamos… solicitamos la aplicación de multas, que estaban vigentes y estarán vigentes hasta el momento que terminen de cumplimentar la medida judicial”, señaló el Dr. García.
La acción más contundente fue la presentación de una denuncia penal contra Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS. “Aparentemente la respuesta ha llegado en este momento en el sentido de cumplimentar con los levantamientos correspondientes de las suspensiones y así, en su caso, tratar de si se quiere frenar un poco las acciones judiciales que van de contra el Estado Nacional”, comentó el Dr. García, sugiriendo que la denuncia aceleró el cumplimiento de la medida.
La lucha continúa: incertibumbre y fondos retroactivos
A pesar del anuncio, el Dr. García advirtió que la batalla no ha terminado. “Una cosa es el anuncio y otra cosa es que terminen de cumplimentar la medida”, sostuvo, recordando que la Defensoría del Pueblo mantendrá un seguimiento exhaustivo para asegurar que las más de 15.800 personas beneficiarias reciban efectivamente sus fondos. Si los pensionados no ven movimientos en sus cuentas, la Defensoría los asistirá para tomar nuevas acciones legales.
Un punto crucial que genera incertidumbre es la forma en que se pagarán los fondos retenidos. El Dr. García aclaró que, dado que las pensiones fueron “suspendidas” y no “dadas de baja”, los fondos no fueron retirados, sino retenidos. “Lo que se suspendió fue el pago para que se entienda, pero no la pensión… Se entiende que una vez operado el levantamiento necesariamente tiene que cobrarse lo que está retenido, que sería la suma total hasta la fecha”, explicó, lo que significa que los beneficiarios tienen derecho a recibir un pago retroactivo de todo lo adeudado.
La importancia de las auditorías hechas con humanidad
El Dr. García hizo hincapié en que la Defensoría del Pueblo no está en contra de las auditorías, sino de la forma en que estas fueron implementadas por el actual gobierno. “Se estigmatiza a las personas con discapacidad. El segundo, se le da un trato denigrante”, sostuvo, subrayando la insensibilidad de un proceso que afectó a personas con severas discapacidades que dependen de este beneficio para subsistir.
“Formosa está por debajo de la media de personas con discapacidad del país”, desmintió enfáticamente el Dr. García, criticando a quienes han difundido información falsa y han utilizado a este colectivo para fines políticos. Con esta victoria judicial, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de proteger los derechos de los más vulnerables, demostrando que la lucha por la justicia y la sensibilidad social sigue vigente.
NOTA DEL EDITOR: El Dr. José García también mencionó otras dos victorias judiciales recientes de la Defensoría del Pueblo contra el gobierno nacional: una que ordena la restitución de la interconexión de energía con la ANDE para la región de Clorinda y otra contra Vialidad Nacional por la desatención de las rutas nacionales en la provincia.