Tras meses de incertidumbre y angustia para miles de familias formoseñas, un fallo judicial sin precedentes ha forzado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir casi 15.000 pensiones por invalidez que habían sido suspendidas. La medida, que obliga a la agencia a reanudar los pagos de forma automática y con efecto retroactivo, es resultado de una acción de amparo presentada por la Defensoría del Pueblo de Formosa y la Asociación Civil Azul. Si bien la noticia representa un inmenso alivio, la Dra. Ana Laura Gómez, asesora legal de la Defensoría, advierte sobre un crucial paso que los beneficiarios deben seguir para evitar una nueva suspensión. En una entrevista exclusiva para el programa «Una Cuestión de FEr» de FM VLU 88.5, la especialista desglosó los detalles de esta compleja situación.
La génesis de un conflicto: Auditorías irregulares y falta de notificaciones
La Dra. Gómez explicó que la suspensión de los beneficios, que afectó a 14.524 personas, se desencadenó a partir de las auditorías médicas que la ANDIS inició en la provincia en marzo de 2025. El problema central, según la asesora legal, fue la desprolijidad con la que se llevaron a cabo. «Hubo beneficiarios que recibieron las citaciones y pudieron ir a las auditorías médicas y a estos beneficiarios no le suspendieron, pero hubo miles de otros que no recibieron», detalló la Dra. Gómez.
El conductor del programa, Fernando López, aportó un dato que refuerza esta afirmación: de un total de 27.191 telegramas enviados a nivel nacional, un alarmante 74% no llegó a destino. En Formosa, la situación no fue diferente. Las auditorías se concentraron en solo 11 puntos, lo que creó una barrera infranqueable para muchas personas que viven en el interior provincial, a quienes les resultaba imposible costear un viaje hasta el lugar designado. La falta de acceso, sumada a la ausencia de un criterio claro para la suspensión, fue el detonante de la acción judicial. «No hay ningún criterio establecido y es justamente lo que se sigue discutiendo en la justicia», aseveró la Dra. Gómez.
Fallo judicial con «astreintes» y el riesgo de una nueva suspensión
La jueza federal Belén López Masé, a cargo del caso, no solo ordenó la restitución de las pensiones, sino que también estableció una multa diaria de $100.000 para la ANDIS por el incumplimiento de la medida cautelar que ya había sido dictada en agosto. Esta sanción, conocida como «astreintes», busca asegurar la efectividad de la orden judicial. A pesar de que los beneficiarios cobrarán de manera automática los meses suspendidos desde julio, la Dra. Gómez fue enfática al advertir que esto no significa el final de la historia.
La jueza, al mismo tiempo que ordenó la devolución de los fondos, también obligó a los beneficiarios a regularizar su situación. Esto implica una especie de auditoría virtual, donde cada persona debe presentar su documentación médica actualizada. El plazo para hacerlo, según la asesora legal, es de tres meses, que corren desde el 19 de agosto. Por lo tanto, a la fecha, los beneficiarios tienen aproximadamente 60 díaspara cumplir con este requisito.
«No se queden con el cobro nada más, que tienen que cumplir»
La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado a la comunidad para evitar que miles de personas pierdan su beneficio por segunda vez. La Dra. Gómez fue muy clara: «No se queden con el cobro nada más, que tienen que cumplir. Incluso hay beneficiarios a quienes no le suspendieron en este plazo, pero que tampoco asistieron a la auditoría médica. Esos también tienen que actualizar».
La documentación requerida es una historia clínica actualizada al 2025, que acredite la incapacidad laboral que les impide trabajar. Se recomienda complementar este informe con otros estudios médicos de años anteriores (2024, 2023) si fuera necesario. Para quienes tengan dudas sobre cómo realizar el trámite o qué documentación presentar, la Defensoría del Pueblo ofrece asesoramiento gratuito en sus oficinas o a través de sus canales oficiales de comunicación.
La situación resalta la difícil realidad que enfrentan muchas personas con discapacidad en el país. Si bien es justo que se fiscalicen los beneficios para evitar irregularidades, no es menos cierto que el proceso debe ser transparente y accesible para todos. La responsabilidad ahora recae en los propios beneficiarios para cumplir con esta nueva etapa y asegurar la continuidad de una pensión que, para muchos, es el único sustento. Por eso, el mensaje de las autoridades es claro: no se duerma, no deje pasar el tiempo, porque la restitución del cobro es solo el primer paso para una solución definitiva.