En un fallo que sienta un importante precedente en el uso responsable de las redes sociales en el ámbito político, la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Formosa condenó a un abogado y asesor jurídico del Consejo Deliberante de Clorinda a eliminar publicaciones consideradas agraviantes contra la concejala Mariza Canavesio (Partido Justicialista). La decisión, que obliga al letrado a retirar el contenido ofensivo de su cuenta de Facebook en un plazo de 48 horas, pone el foco en los límites de la libertad de expresión y la necesidad de actuar contra el hostigamiento digital, especialmente hacia mujeres en la función pública.
El Origen del Conflicto y la Decisión Judicial
La concejala Mariza Canavesio relató en el programa radial “Una Cuestión de FEr” (FM VLU 88.5, conducido por Fernando López), que el hostigamiento por parte del abogado, identificado como Rubén Adrián Gómez, comenzó a principios del año pasado y se mantuvo de forma “persistente” durante varios meses. Las agresiones no solo estaban dirigidas a su persona, sino también “al ejercicio de mi profesión”, lo que la llevó a tomar medidas legales.
“La persistencia que tuvo en su comportamiento hizo que no solo por mí, sino por la función representativa que yo tengo y también haciendo notar la situación en que estamos, a veces algunas mujeres que estamos en política o que tenemos distintas actividades y que nos coloca en una situación muy especial respecto de algunos hombres”, explicó la concejala. Esta reflexión, motivada también por la intención de dar herramientas a otras mujeres en situaciones similares, la impulsó a iniciar una “medida autosatisfactiva”.
Si bien la justicia de primera instancia desestimó el planteo por el procedimiento elegido, la Cámara Civil y Comercial “revoca esa medida, la medida de primera instancia y hace lugar al pedido ordenándolo, ordenando extraer el contenido”, reconociendo que las publicaciones constituían una “ofensa, un insulto, una injuria”.
Un Precedente en el Derecho Digital
El caso de la concejala Canavesio se convierte en un antecedente clave en materia de prueba y acción contra el ciberacoso. Para interponer la demanda, la Dra. Canavesio extrajo las capturas de pantalla de las publicaciones y “les hice certificar con un escribano público”, además de ofrecer “un gran número de testigos” y pericias, lo que garantizó la vinculación de la cuenta de Facebook con la persona física del abogado.
Este aspecto es fundamental, ya que, como destacó el conductor del programa, uno de los desafíos en redes es “vincular una cuenta con una persona física”, debido al uso de perfiles falsos o truchos. El fallo demuestra que es posible probar la autoría y responsabilidad del contenido agraviante.
La concejala destacó la importancia del rol de los tribunales ante un marco legal aún incipiente: “Nuestra legislación en materia digital está en pañales, pero gracias a la labor de los tribunales que reconocen la situación, reconocen el problema, el conflicto y están a la altura a veces de las circunstancias”. Además, enfatizó que “los problemas o los conflictos preceden a la legislación”, y que los abogados tienen el deber de ser “operadores del derecho y contribuimos a que la legislación progrese”.
Violencia Política de Género y Acobardamiento
Canavesio afirmó creer que el hostigamiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de un “aparato que está detrás de él y que tiene un objetivo preciso, que es desestabilizar, aniquilar”. Señaló que la violencia en el Consejo Deliberante de Clorinda no es nueva y que otras concejalas habían sufrido situaciones similares sin que se les pusiera “coto”.
La decisión de actuar legalmente, pese a la incomodidad de tener que convivir con el agresor en el ámbito laboral (ya que el abogado participa en reuniones y sesiones), se basó en un principio de no ceder ante la intimidación y las mentiras que buscan “construir toda una opinión en el imaginario colectivo que es equivocada y que a fuerza de instalarla logran su objetivo”. La inacción o el silencio, sentenció, “es dándoles la razón”.
La entrevistada concluyó con un mensaje dirigido a los acosadores digitales: “ojalá que sirva para para que piensen antes de publicar que las redes no son un medio para los cobardes”. Y agregó que quien tiene la verdad o se siente en su derecho debería “tocar la puerta” o buscar una “actuación interpersonal”, ya que “quien lo hace es porque no tiene las agallas suficientes como para confrontar”.
El fallo no solo obliga a eliminar los posteos en 48 horas, sino que también prevé la aplicación de “astreintes” (multas conminatorias) en caso de incumplimiento. La resolución judicial sienta un precedente vital en la lucha contra la violencia política y el ciberacoso en la provincia de Formosa.