El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió que la inacción del Poder Ejecutivo Nacional y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al suspender de manera arbitraria la aplicación de la Ley N.º 27.793/25, pone en grave riesgo los derechos y la vida de miles de personas con discapacidad en todo el país.
La mencionada norma, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, fue sancionada por el Congreso de la Nación, luego vetada por el Poder Ejecutivo, y finalmente promulgada mediante el Decreto 681/2025, tras ser restituida por insistencia legislativa. Sin embargo, su aplicación permanece suspendida, por decisión política del Gobierno Nacional, a la espera de que el Presupuesto 2026 contemple partidas específicas. Esta situación ha generado un fuerte repudio por parte de organizaciones sociales, defensores públicos y familias afectadas.
Gialluca destacó que la Justicia Federal de Catamarca ordenó recientemente a la ANDIS restituir en un plazo de 24 horas todas las pensiones suspendidas o retenidas a nivel nacional. Esta medida judicial se originó como consecuencia de la acumulación de causas similares presentadas en las provincias de Formosa, Misiones, San Juan y Tucumán, en las que se denunció la vulneración masiva de derechos.
A raíz de este fallo, el Gobierno Nacional deberá suspender cualquier tipo de auditoría sobre pensiones por discapacidad, hasta tanto existan sentencias firmes en cada jurisdicción y se garantice el pleno cumplimiento de las normativas vigentes en materia de discapacidad.
Una ley aprobada,
pero paralizada
La Ley N.º 27.793/25 declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, reconociendo la situación crítica que atraviesan miles de personas con discapacidad y sus familias en Argentina. Entre sus puntos más importantes, establece:
Un incremento del monto de la Pensión No Contributiva (PNC), fijando un piso del 70% del haber mínimo jubilatorio, representando un aumento significativo frente a los valores actuales.
La compatibilidad entre trabajo registrado y pensión, permitiendo que beneficiarios de PNC puedan desarrollar actividades laborales sin perder el beneficio, siempre que sus ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
La actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, conforme a los índices de inflación del INDEC.
El pago de la deuda acumulada con los prestadores de servicios y una compensación económica extraordinaria con fondos del Tesoro Nacional.
Auditorías justas y transparentes, garantizando notificaciones fehacientes, participación activa de los beneficiarios y respeto por el debido proceso.
Incentivos para la inclusión laboral, como la exención del 50% en las contribuciones patronales durante tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad.
Fuerte reclamo al
Ejecutivo Nacional
Ante la parálisis en la implementación de la ley, Gialluca envió una nueva presentación formal al Presidente Javier Milei, al Jefe de Gabinete Guillermo Francos y a la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, instándolos a cumplir con su obligación legal de poner en vigencia la norma.
“El Estado Nacional no puede seguir mirando para otro lado. Esta ley no es una opción: es una obligación que surge del mandato constitucional, de tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y ahora también de una ley nacional vigente”, remarcó el Ombudsman formoseño.
Finalmente, Gialluca expresó que mientras el Gobierno Nacional se niegue a aplicar la ley, “las personas con discapacidad seguirán enfrentando la misma realidad de siempre: exclusión, pobreza, falta de acceso a la salud y a una vida digna, todo lo cual es inadmisible en un Estado de derecho”.