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Desde la consultora Politiké explicaron que, a partir del Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, se analizaron las tarifas eléctricas de las jurisdicciones que integran la República Argentina y se pudo observar el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para los niveles de ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3).
Los resultados muestran que la factura promedio en el país para un hogar de ingresos bajos es de $41,097, mientras que para un hogar de ingresos medios asciende a $47,868.
Al desglosar los datos por provincia, se aprecia que Formosa es la segunda jurisdicción del país con la factura eléctrica más baja para ambos niveles de ingreso, con valores de $14.813 (N2: Ingresos Bajos) y $19.586 (N3: Ingresos Medios), a valores de octubre de 2025.
Esta situación se debe, en parte, a la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías N2 y N3, explicaron desde Politiké.
Señalaron que este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno nacional. En el caso de los hogares N2, el VAD representa el 32% de la factura total, por lo que el usuario solo paga$10.072,84 aproximadamente. De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el Gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como la provincia con la segunda tarifa eléctrica más baja del país, indicó la consultora.
Proyecto de reforma laboral: ¿Modernización o desregulación?
Por otra parte, Politiké analizó algunos aspectos del proyecto de ley del Gobierno nacional, denominado “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, el cual busca introducir una profunda “modernización laboral”, realizando cambios claves en la LCT 20.744 y en la Ley de Trabajo Agrario (N° 26.727). Es así que desde la consultora explicaron que la legislación laboral argentina actual se rige por el Principio Protectorio, que incluye la regla del in dubio pro operario (en caso de duda, se resuelve a favor del trabajador) y el Principio de Irrenunciabilidad (los derechos mínimos son inderogables).
Este proyecto introduce modificaciones que socavan estos principios, trasladando riesgos y costos hacia el trabajador y reduciendo el costo laboral para el empleador, especialmente en el ámbito previsional e indemnizatorio, marcaron.
Asimismo, puntualizaron que la reforma implica un riesgo sistémico para los derechos laborales, concentrado en tres aspectos principales. Primero, el riesgo de “salario gris”, ya que la ampliación de ítems no remunerativos (como beneficios en medicina o tecnología) disminuye las contribuciones sociales y, por ende, el salario computable para la jubilación y la indemnización por despido. Segundo, el riesgo de desprotección judicial, dado que el tope a los intereses y el pago en cuotas de sentencias laborales desvalorizan los créditos y debilitan la función reparadora de la justicia. Por último, el riesgo de pérdida de calidad de vida laboral, a través del banco de horas que flexibiliza la jornada y otorga mayor discrecionalidad a las empresas sobre el tiempo del trabajador.
En conjunto, el proyecto configura un escenario que favorece la reducción de costos empresariales a costa de la estabilidad, el descanso y la seguridad económica de los trabajadores, debilitando los mecanismos históricos de protección que equilibraban la relación entre capital y trabajo en Argentina, subrayaron.