El Fallo de la Corte Suprema y el Alcance de los Derechos Indígenas
El pasado martes se formalizó una decisión largamente esperada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) respecto al planteo de la Comunidad QOM (Toba Nancom) contra la instalación de la planta de dióxido de uranio de Dioxitek S.A. en Gran Formosa. La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, “rechazó el amparo de la comunidad qom contra la instalación de una planta de dióxido de uranio en Gran Formosa”.
La acción judicial buscaba la “suspensión de la construcción de la planta de óxido de uranio” y la aplicación del “derecho a la consulta previa libre e informada” previsto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
La importancia de esta decisión radica en que sienta un “precedente sobre el alcance de los derechos de los pueblos originarios en relación a proyectos de interés estratégico nacional”. La Corte consideró que la acción de amparo era “inadmisible al no existir arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, así como tampoco un daño concreto respecto de la población”.
Argumentos del Máximo Tribunal y la Posición de la Provincia
La Corte, al desestimar el planteo, argumentó que “no se configura un caso que exija la aplicación de este procedimiento porque no existe la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora”.
El fallo ratificó que la Planta de Uranio (NPU) “está y queda instalada en el período denominado Polo Científico Tecnológico, que es un una expropiación que hizo la provincia a través de la Ley 1597”, ubicado sobre la Ruta Provincial 81. Además, se tuvo en cuenta que el Estado Provincial “dio publicidad al proyecto en forma previa a su inicio a través de procedimiento, audiencia pública, etcétera”.
Por su parte, la Provincia de Formosa, a través de la Fiscalía de Estado, había respondido que la planta no se está instalando en territorios comunitarios, sino en un terreno que “forma parte del dominio privado de la provincia”, y que no se diferencia de “cualquier otro barrio”.
La Enorme Demora de la Justicia y la Obra de Dioxitek
Uno de los aspectos más notables y preocupantes del caso es el tiempo transcurrido desde que se inició el conflicto. El planteo de la Comunidad Qom se presentó en 2014, casi en simultáneo con la polémica por la planta nuclear CAREM 23, que finalmente nunca avanzó en Formosa.
Aquel amparo, promovido también por actores como el exsenador Luis Naidenoff, “fue en el 2014” y la Corte “ayer la corte decidió sobre este tema”, lo que implica que pasaron “más de 10 años” (cerca de 11) para que se emitiera una sentencia definitiva. Esta “demora de la Corte Suprema” es un punto crítico a considerar, ya que el tribunal “define una cuestión que ya es absolutamente abstracta” a estas alturas.
La Planta Inconclusa y el Cruce de Culpas Políticas
La ironía de la demora judicial se agrava al constatar la situación actual de la obra de Dioxitek. A 11 años del inicio del debate, la planta “ya Dioxitek está instalado acá en el polo científico tecnológico”, aunque “no está en funcionamiento”.
La obra civil está “prácticamente terminado”, con un avance general que oscila entre el “70 – 80%”. Sin embargo, actualmente está “paralizado al mínimo” debido a “deudas de la obra civil que han quedado del gobierno de Alberto Fernández”.
La planta “tendría que haber estado terminada, por lo menos en la época de Alberto Fernández” y funcionando. No obstante, como es una constante en Argentina, “los plazos se fueron estirando”. Este panorama da lugar a un evidente “cruce de culpas”. Mientras que en la actualidad se responsabiliza al gobierno actual por “no pagar, que no termina, que no avanza, que ha paralizado la obra”, la crítica se centra en la gestión anterior: “Muchacho, ustedes no terminaron la obra y la tendrían que haber terminado”.
A pesar de que Dioxitek fue resistida inicialmente por “desconocimiento más que nada” y temores de contaminación, hoy, con la “obra civil” casi terminada, se encuentra en un limbo de demoras y deudas (se recordaron “los 500 millones de pesos que se le debía a la empresa que hizo la obra de Dioxitek”). La pregunta que resuena es qué pasó en estos 11 años, y por qué la obra sigue inconclusa.