La extensa entrevista radial en “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, con Lucas Arriazu, empleado judicial y voz representativa del gremio AJUSA (aunque hoy se define como un «laburante» afiliado), se convierte en un profundo diagnóstico de la grave crisis salarial y de reconocimiento que atraviesa el Poder Judicial de Formosa. Lejos de la imagen de privilegio, los trabajadores de base enfrentan una realidad de empobrecimiento progresivo que los coloca muy por debajo de los estándares mínimos de subsistencia.
La cifra que resuena con amargura es la del salario mínimo:
«El haber mínimo del trabajador judicial es 880.000 pesos y con un adicional 1.078.000 cuando la canasta básica de agosto está en 1.177.000 pesos.»
Arriazu subraya que esta situación no es coyuntural, sino el resultado de un deterioro prolongado: «Si bien tienen fama de cobrar bien, con el tiempo esto ha dejado de ser así, se ha deteriorado mucho el poder adquisitivo del trabajador judicial.» La dramática consecuencia es la imposibilidad de llegar a fin de mes, con un ingreso que se ubica casi 400.000 pesos por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, una lucha que lleva ya «más de 5 años».
El Factor Injusticia: La Desproporción del 30% vs. 300%
El quiebre de la confianza y el origen de la intensificación de las medidas de fuerza se ancla en un hecho concreto ocurrido el año pasado: la aplicación de aumentos salariales desleales y segmentados. Mientras que los trabajadores de base recibían migajas, la cúpula se autootorgaba incrementos desmedidos y fuera del recibo de sueldo común.
«Nosotros entendemos que el reconocimiento histórico es válido, pero se pusieron por fuera el recibo sueldo y nos dejaron afuera.»
El empleado judicial es preciso en el agravio: se les dio un «30% de una recomposición salarial entre comillas», mientras que a las altas esferas (Consejeros de la Magistratura y Funcionarios) «se dieron un 300%». Esta brecha no solo es un indicador económico, sino un símbolo de desprecio y falta de ética, especialmente en el ámbito que debería ser garante de la justicia.
«Esa esa brecha que ocurrió nos puso en veredas completamente opuestas.»
La comparación con provincias vecinas solo acentúa la frustración. Lucas Arriazu menciona el caso de Chaco, donde un ingresante al Poder Judicial gana «1 millón y medio», un «40 a 50% más» que en Formosa, demostrando que «cuando hay voluntad se puede» dignificar el salario.
El Precio de la Lucha: Represalias y Maltrato Laboral
La decisión de salir a reclamar y de paralizar el servicio de justicia no está exenta de costos personales y profesionales para los empleados. Arriazu denuncia un clima de represalias sistemáticas y aprietes laborales que buscan desincentivar la participación en las protestas.
- Aprietes y Amenazas: Advertencias de que hay «1000 personas que quieren tu cargo» y que si no gustan las condiciones, pueden irse.
- Hostigamiento de Superiores: «Enojos de los jueces, secretario también, con nosotros y los jefes de dependencia».
- Sanción Económica: La más punzante: «Nos descuentan de los sueldos. A nosotros nos descuentan los pagos.»
El empleado judicial recalca que, a pesar de estas presiones, la única forma de mostrar la disconformidad y buscar un cambio es la unidad y la persistencia en las medidas de fuerza. La realidad de los números es innegable: un trabajador requiere 10 meses de sueldo para alcanzar lo que un alto funcionario cobra en uno solo.
La Respuesta Gremial: Un Cronograma de Resistencia
El gremio judicial ha articulado un robusto cronograma de medidas de fuerza que busca mantener la presión sobre las autoridades hasta finales de noviembre:
| Fecha | Medida de Fuerza | Característica |
| Viernes 7/11 | Paro Total | 24 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo. |
| Martes 11/11 | Paro Parcial | Medida de advertencia. |
| Viernes 14/11 | Paro Parcial + Manifestación | Movilización a Casa de Gobierno para demostrar disconformidad. |
| Lunes 17/11 | Paro General | Cierre del cronograma con una fuerte medida. |
Lucas Arriazu subraya que, aunque las decisiones jurídicas no pasan por los empleados de base, ellos son quienes «hacen el laburo» y dan la cara ante la ciudadanía, por lo que pide a la sociedad que la frustración por el mal funcionamiento del sistema no se dirija al «empleado judicial del escalafón más bajo», sino a las cúpulas que «negocian, cajonean causas» y perpetúan la inequidad salarial.
Reflexión Final: La Dignidad como Eje del Reclamo
El cierre de la nota periodística se centra en la reflexión del conductor, Daniel Moreira Vieira, sobre el significado de la Canasta Básica. Subraya que este índice, que mide la línea de pobreza, no es un techo, sino el mínimo que un trabajador debe ganar para que su familia tipo no sea catalogada como pobre. La crítica se dirige a la inequidad social:
«No podemos enojarnos con que reclame el otro que también es pobre… sino que me molesta mucho más que el de el escalafón más bajo gane 880.000 pesos más alguna migajita de pan… y que un juez que está en la parte de la cúpula gane 10 palos mensuales.»
El reclamo de los judiciales es, en esencia, un reclamo por la dignidad y el cumplimiento de la justicia social, exigiendo que el de abajo «tiene que cobrar lo mínimo para que pueda llegar a fin de mes, simplemente.»