El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que investigue la presunta apropiación indebida de fondos por parte del Gobierno Nacional, recursos que —según indicó— deberían destinarse a la reparación, mantenimiento y modernización de las rutas nacionales en todo el país.
En declaraciones recientes, Gialluca señaló que “el impuesto a los combustibles y otros tributos se los apropia Nación” y enfatizó que el titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional, el ingeniero Víctor Padilla, “está obligado a impulsar las acciones necesarias dentro de sus responsabilidades para recuperar, ampliar y modernizar las rutas nacionales en Formosa, dejando de lado posturas ideológicas rígidas y adoptando criterios técnicos con verdadero compromiso social”.
Un vacío legal y operativo que afecta a todo el país
El funcionario provincial advirtió que durante los meses de septiembre y octubre de 2025, el Gobierno Nacional de Javier Milei profundizó un proceso de transformaciones estructurales en materia vial que, lejos de ordenar el sistema, habría generado un “vacío normativo y operativo”.
“Se han eliminado organismos, creado otros sin reglamentación, y esto está generando conflictos laborales, más siniestros viales, parálisis de decisiones estratégicas y, lo que es peor, la posibilidad de que empresas privadas asuman funciones operativas en un contexto impreciso, que vulnera principios constitucionales de seguridad jurídica, responsabilidad estatal y previsibilidad legal”, advirtió Gialluca.
El defensor remarcó que más de la mitad de las rutas nacionales se encuentran hoy en mal estado, lo que no solo pone en riesgo la seguridad de los usuarios, sino que además refleja “el abandono de funciones esenciales por parte del Estado Nacional”.
“La situación es desesperante, y no es algo que comenzó este año; las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo. Vialidad Nacional está desactivada de hecho y no interviene de manera significativa desde hace años”, lamentó.
Rechazo al traspaso de responsabilidades y a la privatización del sistema vial
Desde la Defensoría del Pueblo se rechazó enérgicamente el plan del Gobierno Nacional de trasladar la responsabilidad vial a las provincias o avanzar hacia un modelo de privatización.
Gialluca subrayó que los Estados provinciales carecen de fondos suficientes, y que además la Nación no transfiere la recaudación de los impuestos a los combustibles. “Las provincias ya deben sostener hospitales, escuelas y seguridad; mucho menos pueden hacerse cargo de las rutas nacionales”, expresó.
El defensor recordó que incluso cuando el Gobierno intentó ofrecer las principales rutas a privados, ninguna empresa aceptó, debido al nivel de deterioro y los altos costos de inversión que implican.
“El modelo de concesiones no es tan fácil de implementar: los costos son altísimos, los plazos de recuperación muy largos, y el precio de los peajes sería insostenible. Los privados no van a ir a reparar la Ruta Nacional Nº 86 en Formosa, por ejemplo, donde Vialidad Nacional siempre tuvo presencia activa”, afirmó.
“Invertir en rutas también es una política de salud”
El defensor provincial destacó además el vínculo directo entre la inversión en infraestructura vial y la salud pública, al señalar que los accidentes de tránsito no solo representan una tragedia humana, sino también un enorme costo económico para el Estado.
“Estamos hablando de vidas humanas, pero también del altísimo costo que significa la atención a la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. La inversión en rutas es también una política de salud”, enfatizó.
Por ello, desde la Defensoría se iniciaron acciones judiciales tendientes a frenar el desmantelamiento de Vialidad Nacional, un organismo que —según Gialluca— cumple “un rol estructural en la integración territorial del país”.
“Si no se actúa con urgencia, el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas. Es necesario un plan integral, consensuado y sostenido en el tiempo, que contemple la recuperación, ampliación y modernización de la red vial, dejando de lado posturas ideológicas y trabajando con criterios técnicos y compromiso social hacia los usuarios”, reclamó.
Críticas al titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional
En otro tramo de su declaración, el Defensor del Pueblo cuestionó al actual titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional en Formosa, el ingeniero Víctor Padilla, por “faltar a la verdad” al acusar a la Defensoría de hacer política con los reclamos de los ciudadanos.
“Queremos recordarle al ingeniero Padilla que los pedidos no son nuestros, vienen de asociaciones como Padres Unidos por el Dolor, de municipios, comisiones de fomento y de la Federación Argentina de Transporte de Carga. No es algo que se le ocurrió a la Defensoría del Pueblo”, sostuvo Gialluca.
Además, lo invitó a realizar una compulsa de los reclamos presentados en los últimos años y a gestionar de manera urgente mayor personal, maquinarias y presupuesto: “Si el distrito solo cuenta con 15 trabajadores, debe solicitar refuerzos inmediatos. No vamos a tolerar que se beneficie únicamente a ciertas provincias en detrimento de Formosa”.
“De 2.700 obras inconclusas, más de la mitad están paralizadas”
El Defensor del Pueblo respaldó sus declaraciones con datos de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), según los cuales el 54% de las 2.700 obras públicas nacionales —unas 1.400 en total— no registraron avances bajo la actual gestión nacional.
Gialluca también denunció la implementación de un “modelo híbrido” de financiamiento, que combina capital privado y fondos públicos, similar al utilizado en los años 90: “Lo presentan como un paso hacia la eficiencia del sector privado, pero no dicen que las empresas contratistas son las mismas de siempre y que el dinero lo pone el Estado, a través del BICE. En definitiva, los contribuyentes financian las obras y los privados se llevan los beneficios”, subrayó.
Pedido urgente de señalización y mantenimiento
Finalmente, el Defensor del Pueblo advirtió que el Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno Nacional no prevé inversiones significativas en obra pública vial. “Es ínfimo, mínimo. Por eso hemos pedido que, al menos, se señalicen los lugares donde hay baches o tramos muy deteriorados, donde se producen siniestros viales con víctimas fatales”, concluyó.