Desde la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo advirtieron sobre el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito usadas para cubrir consumos básicos. Reclaman regulaciones que protejan al usuario financiero y cuestionan el alcance de la nueva tasa que analiza el Banco Central.
El incremento sostenido del endeudamiento de los hogares de menores ingresos encendió una señal de alarma en todo el país. Familias que dependen del trabajo informal, el autoempleo o las economías populares recurren cada vez más a las tarjetas de crédito no para consumos extraordinarios, sino para cubrir necesidades esenciales como alimentos, medicamentos, transporte, energía, combustibles e indumentaria básica.
Defensorías reclaman medidas urgentes al Banco Central
Frente a este escenario, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, en su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), junto a la Comisión Directiva de la entidad, reclamó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Ministerio de Economía adopten medidas urgentes para frenar los elevados niveles de morosidad.
Según advirtieron, el contexto económico actual generó una dependencia creciente de instrumentos de crédito de corto plazo para sostener consumos básicos, mientras que las tasas de financiación y refinanciación aumentaron de manera significativa. En muchos casos, los Costos Financieros Totales (CFT) superan límites compatibles con la protección del denominado “usuario financiero”.
“La situación impacta con especial gravedad en los sectores más vulnerables, que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo indispensable y cuentan con márgenes mínimos para absorber subas en el costo financiero”, señalaron desde ADPRA. Las Defensorías del Pueblo de todo el país registran un aumento sostenido de consultas vinculadas al endeudamiento familiar, las refinanciaciones sucesivas, la acumulación de saldos impagos y las crecientes dificultades para cubrir gastos esenciales.
Un dato que preocupa especialmente es que no solo crece la deuda con tarjetas de crédito, sino también la cantidad de personas que pagan únicamente el monto mínimo. Este fenómeno evidencia que cada vez más hogares utilizan el financiamiento mínimo no solo para “llegar a fin de mes”, sino directamente para vivir y sostener consumos imprescindibles en contextos de ingresos inestables o discontinuos.
Desde ADPRA recordaron que el marco normativo vigente otorga al BCRA facultades específicas para intervenir y proteger al usuario financiero. Entre ellas, la posibilidad de fijar topes a las tasas activas, limitar el Costo Financiero Total de las tarjetas de crédito, establecer condiciones contractuales especiales, crear líneas de financiamiento social esencial con tasas reguladas y segmentadas por nivel de ingreso, y reforzar los controles a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
En ese sentido, la entidad considera necesario evaluar medidas regulatorias orientadas a mitigar el impacto del endeudamiento asociado a consumos esenciales. Entre las alternativas propuestas figuran esquemas de tasas reguladas o diferenciadas para sectores especialmente expuestos, mecanismos que reduzcan el costo financiero de necesidades básicas y criterios claros para ordenar las condiciones de refinanciación, con el objetivo de evitar ciclos de endeudamiento difíciles de revertir.
La nueva tasa que analiza el Banco Central
En paralelo, el BCRA abrió una Consulta Pública para recibir aportes sobre la creación de una Tasa de Intereses Moratorios (TIM), destinada a ordenar y limitar el aumento de los intereses sobre deudas vencidas. La escalada de la morosidad en créditos, tarjetas y otros financiamientos encendió las alarmas en el sistema financiero y motivó la iniciativa.
La propuesta oficial plantea que la TIM se calcule a partir de un promedio entre las tasas de los plazos fijos en pesos y los préstamos personales, con el objetivo de establecer un rango que evite incrementos desmedidos de las deudas.
No obstante, Gialluca advirtió que esta medida busca principalmente “dar oxígeno a las entidades financieras frente al avance de los impagos”, sin resolver el problema estructural. “Miles de personas siguen atrapadas en deudas que crecen más rápido de lo que pueden pagar, sin un esquema concreto de alivio para los hogares endeudados”, señaló.
La Consulta Pública permanecerá abierta hasta el 19 de diciembre y cualquier ciudadano u organización interesada puede enviar propuestas y sugerencias al correo electrónico [email protected]. Mientras tanto, desde las Defensorías del Pueblo insisten en que el desafío no es solo ordenar los intereses moratorios, sino garantizar un sistema de crédito que no profundice la exclusión financiera ni condene a los sectores más vulnerables a un endeudamiento crónico.