La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa rechazó enérgicamente la reciente medida del Gobierno Nacional de vaciar el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), una decisión que, según los denunciantes, pone en peligro la seguridad de los consumidores y desmantela el sistema de control de calidad que sostiene la industria nacional desde hace más de seis décadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece el cese de las funciones operativas del INTI en la verificación y certificación de instrumentos clave para la confianza pública, y delega estas responsabilidades a laboratorios y organismos privados, lo que genera múltiples cuestionamientos.
Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha sido señalado por ignorar la trascendental importancia de las actividades que lleva adelante el INTI para la seguridad y la salud de los ciudadanos. El Instituto se encarga de certificar miles de productos desde su creación en 1957, desempeñando un rol fundamental en la vida cotidiana de las personas y en el funcionamiento de la industria. De acuerdo con la Defensoría, la medida pone en riesgo la vida de los argentinos al permitir que entidades privadas asuman un control que, históricamente, ha sido responsabilidad del Estado.
Entre los instrumentos de medición que el INTI dejará de controlar se encuentran los surtidores de combustible, las balanzas comerciales, los alcoholímetros, los radares de velocidad y hasta los termómetros clínicos, entre otros. Estos son dispositivos esenciales para el bienestar de la población, que aseguran transacciones comerciales justas, el funcionamiento adecuado de vehículos y la calidad de productos de consumo masivo. Al delegar su control a actores privados, el Gobierno Nacional, según la Defensoría, renuncia a su rol como garante de la precisión en mediciones que afectan derechos fundamentales como la seguridad vial, el acceso a productos con calidad garantizada y la medición precisa de servicios básicos como el agua o la energía eléctrica.
La resolución Nº 213/2025, que oficializa este cambio, sostiene que la medida busca eliminar “superposiciones” y agilizar los trámites administrativos, bajo el supuesto objetivo de desburocratizar el sistema y eliminar obstáculos al comercio. Sin embargo, los denunciantes consideran que esta desregulación provocará una mayor fragmentación del control público y creará riesgos de conflicto de intereses, dado que las entidades privadas podrían priorizar sus propios intereses económicos por encima de la calidad y seguridad de los productos y servicios que se ofrecen al público.
El vaciamiento del INTI no solo afectará a la industria nacional, sino que también podría tener consecuencias a largo plazo para el consumidor común. La certidumbre en las mediciones y controles de los productos es esencial para la confianza en el mercado y para la seguridad de los ciudadanos. Por ejemplo, las mediciones inexactas en los surtidores de combustible pueden afectar a los automovilistas, y la falta de control en las balanzas comerciales podría perjudicar las transacciones diarias. Del mismo modo, la delegación de responsabilidades en laboratorios privados podría generar riesgos en áreas tan sensibles como la salud, al dejar en manos de empresas privadas la verificación de dispositivos médicos y termómetros utilizados en hospitales y consultorios.
En conclusión, desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revierta esta decisión, que consideran “una amenaza para el bienestar de la ciudadanía y para la estabilidad de la industria nacional”. La medida, aseguran, modifica radicalmente el rol del Estado, que deja de ser el garante directo de la seguridad y calidad de los productos y servicios que afectan directamente a la vida cotidiana de todos los argentinos.