En una entrevista de alto impacto para el programa “Una Cuestión de FEr”, conducido por el periodista Fernando López a través de FM VLU 88.5, se desnudó la crítica realidad que atraviesa el sector productivo del interior de Formosa. Pánfilo Ayala, referente de la Federación Agraria – Zona Norte, alzó la voz para denunciar una situación que combina la asfixia financiera con un sofisticado sistema de disciplinamiento político que mantiene a miles de familias rurales al borde de la indigencia.
La deuda del hambre: 250 millones de pesos en el limbo estatal
La denuncia central radica en la falta de pago por parte del Gobierno Provincial a los productores que abastecen a programas estatales de asistencia alimentaria. Según Ayala, la cifra es alarmante y se concentra principalmente en localidades como Laguna Naineck y Siete Palmas. “Estarían más de 250 millones de pesos que se estarían debiendo”, señaló el dirigente, aclarando que esta mora no es un hecho aislado, sino una constante que se repite anualmente, especialmente en periodos sensibles como el cierre de año.
Muchos de estos trabajadores de la tierra entregaron sus productos a principios de noviembre, bajo la promesa de percibir sus haberes antes de las festividades. Sin embargo, la realidad fue otra. “Pasaron más de 60 días y imagínate con una situación económica complicada cómo vivir estos momentos”, relató Ayala, subrayando que muchos pequeños productores pasaron la Navidad y el Año Nuevo sin recursos básicos, a pesar de haber cumplido con su parte del trabajo.
El mecanismo del control: «Cortar la cabeza» al que reclama
Uno de los puntos más oscuros de la entrevista fue la descripción del sistema de comercialización. Los productos no se venden en un mercado libre, sino que se canalizan a través de asociaciones controladas por “funcionarios locales, punteros políticos y gente del gobierno”. Esta estructura convierte una transacción comercial en un acto de favor político, donde el disenso se paga caro.
Ayala fue enfático al describir el clima de opresión que reina en las colonias: “Los productores dicen tener miedo por denunciar públicamente… porque tienen miedo de represalias que comúnmente sucede cuando uno levanta la voz ante una situación injusta”. Esta dinámica de sometimiento lleva a los campesinos a un “silencio absoluto”, por temor a ser excluidos de los programas o a que el Estado deje de retirarles la producción. “Si llegamos a reclamar nos van a cortar la cabeza, no nos van a llevar más nada”, le confesó un productor a Ayala en un llamado desesperado.
La «Motosierra Invisible» y la contradicción del presupuesto
Tras la intervención de Ayala, el análisis periodístico de Fernando López puso el foco en la paradoja económica de la provincia. Mientras el discurso oficial se jacta de un orden fiscal envidiable, la realidad en la calle muestra una “motosierra invisible” que recorta los ingresos de los más vulnerables para sostener los privilegios de la élite política.
“Las emergencias económicas son propias y el superávit es ajeno”, sentenció López. El periodista desglosó cómo el Estado provincial retrasa pagos a proveedores, a los pequeños agricultores y a los afiliados del IASEP, mientras garantiza sueldos millonarios para funcionarios que “se pasan mirando ropa por el teléfono celular” durante las sesiones legislativas. Esta política de ajuste selectivo es la que financia el supuesto superávit que el gobierno exhibe como un logro de gestión.
De herramienta de desarrollo a sistema de rehenes
El análisis final de la nota periodística planteó una pregunta de fondo: ¿qué quedó de aquel programa PAIPPA que prometía transformar al campesino en un emprendedor rural? Para la Federación Agraria, el modelo ha fracasado en sus objetivos de desarrollo y se ha convertido en un mecanismo de supervivencia mínima.
“El PAIPPA se ha convertido en una herramienta más que nada para que el productor sobreviva con lo mínimo… y para tenerlo a rehén político partidario si al gobierno le sirve”, denunció Ayala. El sistema, lejos de fomentar el crecimiento, parece castigar al que progresa, ya que aquel que logra superar ciertos niveles de producción queda excluido de los beneficios estatales. Esta falta de una política pública genuina es lo que Ayala define como una “burla, un manoseo y un castigo” hacia la familia campesina, condenándola a la pobreza estructural.
El espejo de Venezuela y la incertidumbre política
La nota también trazó un paralelismo inquietante entre el miedo que se vive en los pueblos del interior formoseño y situaciones de autoritarismo regional. López comparó el temor de los productores a hablar con la prensa con la autocensura que se observa en países en crisis profunda. En Formosa, el temor no es solo a la violencia física, sino a la exclusión económica total en un sistema donde el Estado es el único comprador y empleador disponible.
“Callarse no sirve”, concluyó Ayala en su llamado final a la reflexión. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro político de la provincia y la vigencia de la emergencia económica siguen siendo las únicas certezas para un sector productivo que, a pesar de ser el motor de la soberanía alimentaria, hoy se encuentra “arrodillado y con la cabeza abajo” ante la burocracia estatal.