El subsecretario de Educación de la provincia de Formosa, el profesor Luis Ramírez Méndez, expresó su preocupación ante el proyecto de ley denominado “Libertad Educativa”, al considerar que la iniciativa “pone en riesgo el carácter de la educación como derecho social y bien público” y avanza hacia un modelo que concibe el aprendizaje como una mercancía.
Según explicó el funcionario, “la propuesta impulsada a nivel nacional busca reemplazar la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006, la N° 26.206 que, al igual que nuestra Ley General de Educación N° 1613, está en concordancia y fortalece el paradigma de la protección integral de la infancia y del estudiante como sujeto pleno de derecho y responsabilidades y también establece al Estado como garante indelegable del derecho a la educación, por un esquema basado en la lógica del mercado”.
“Quitarle al Estado su responsabilidad central abre la puerta a un sistema de financiamiento por demanda, similar a los vouchers, que profundiza las desigualdades y fragmenta el sistema educativo”, sostuvo.
Ramírez Méndez advirtió que este tipo de mecanismos generarían una competencia entre escuelas, afectando principalmente a las instituciones que se encuentran en contextos vulnerables, rurales o alejados de los grandes centros urbanos. “Las escuelas que más necesitan apoyo corren el riesgo de desfinanciarse y desaparecer, consolidando un sistema de doble velocidad. Idéntico destino les espera a las escuelas técnicas y de nivel superior”, señaló.
Asimismo, el Subsecretario remarcó que la iniciativa permitiría una fragmentación de los contenidos educativos, al debilitar los lineamientos comunes que hoy garantizan una formación equivalente en todo el país. “Sin un marco nacional, se pierde la unidad del sistema y se pone en riesgo la igualdad educativa entre provincias”, afirmó.
Otro de los puntos cuestionados fue el impacto sobre la labor docente. En ese sentido, Ramírez Méndez alertó sobre la precarización del trabajo educativo y la intención de limitar derechos laborales bajo el argumento de declarar a la educación como servicio esencial. “La calidad educativa no se construye debilitando a quienes enseñan”, enfatizó.
Finalmente, el funcionario afirmó que la supuesta libertad de elección que propone el proyecto es “ilusoria” para amplios sectores sociales y reiteró la postura del Gobierno de Formosa en defensa de una educación pública, gratuita, inclusiva y federal. “No se trata de un cambio administrativo, sino de una discusión profunda sobre el modelo de país y el futuro de nuestros hijos”, concluyó.