En entrevista concedida al programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5, el Dr. Rodolfo Lesbegueris, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISA), rompió el silencio sobre la crítica situación que enfrentan las instituciones de salud privadas de la provincia. En diálogo con el programa, el referente del sector desglosó una problemática que combina burocracia administrativa, falta de actualización arancelaria y una creciente incertidumbre que termina afectando directamente al afiliado de la obra social provincial.
El conflicto de los «débitos»: Una contradicción con lo pactado
El eje central del reclamo actual reside en la aplicación de descuentos o «débitos» en la facturación de las prestaciones ambulatorias. Según explicó el titular de ACLISA, existe una flagrante contradicción entre los acuerdos firmados a finales del año pasado y la implementación actual del sistema de auditoría del IASEP.
“El reclamo que nosotros estamos haciendo es por los débitos que estamos cobrando porque en diciembre del 2023 habíamos firmado un convenio con el IASEP, donde se autorizaba a los prestadores a presentar entre 200 y 250 órdenes por prestador”, detalló Lesbegueris.
Sin embargo, la realidad operativa ha cambiado de forma unilateral, generando un perjuicio económico directo a los médicos y clínicas. El médico explicó que el sistema está rechazando órdenes que deberían estar cubiertas: “Resulta ser que ahora están debitando porque están dando hasta tres órdenes médicas por mes a los afiliados y ya la cuarta orden sería con historia clínica. Si voy a la cuarta persona que está recibiendo la orden médica, se le debita”. Esta situación crea un «vacío» de cobertura donde el profesional presta el servicio, pero no recibe el pago correspondiente por una supuesta sobreutilización del sistema por parte del afiliado, algo que el prestador no puede controlar en el momento de la consulta.
Falta de reglas claras y convenios con 30 años de antigüedad
Uno de los puntos más críticos señalados por Lesbegueris fue la falta de previsibilidad jurídica y administrativa. La relación entre la obra social más importante de la provincia y las clínicas privadas parece estar regida por normativas que no se condicen con la medicina moderna ni con el contexto económico actual.
“Al no tener una regla más o menos clara, obviamente que es preocupante para cualquiera. Lo que ocurre es que, vuelvo a repetir, uno firma un convenio y hay que respetar el convenio”, enfatizó el presidente de ACLISA, haciendo un llamado a la seguridad jurídica institucional.
La gravedad del asunto aumenta al considerar que el marco regulatorio general ha quedado en el tiempo. Lesbegueris reveló que los intentos por modernizar la relación han sido infructuosos durante años: “Hace más o menos unos 3 años presentamos un proyecto para cambiar el convenio que tenemos con IASEP, porque este convenio tiene fácilmente más de 30 años. Queríamos cambiar algunos artículos para tratar de aggiornarlo un poco a la realidad de hoy y lastimosamente no pudimos avanzar, quedó en standby”.
La imposibilidad de negociar: «Aumentos por resolución»
A diferencia de lo que ocurre con otras obras sociales o empresas de medicina prepaga, donde los aranceles se discuten en mesas de negociación técnica, con el IASEP la dinámica es vertical y cerrada. Aunque Lesbegueris reconoció que existe un «buen diálogo con el interventor», aclaró que ese diálogo no se traduce en una negociación real de los valores de las prácticas.
“El mayor problema que tenemos es la falta de diálogo. Con otras obras sociales podemos negociar la consulta, una ecografía o una internación y se fijan valores. Con nuestra obra social provincial sale todo por resolución; se comunica que el aumento es de tanto porcentaje y listo, no se discute”, explicó.
Esta falta de consenso sobre la «grilla» de prestaciones —que incluye desde una consulta básica hasta cirugías de alta complejidad— pone en jaque la sostenibilidad de las clínicas. “Valores bajos pero pagan en tiempo y forma”, resumió el doctor, diferenciando la puntualidad del pago de la suficiencia del monto abonado, el cual se encuentra muy por debajo de los costos operativos reales.
La búsqueda de una solución integral: El pedido al Ministerio de Economía
Ante la falta de avances con la intervención directa de la obra social en términos de actualización de valores, ACLISA ha decidido elevar el tono y buscar interlocutores en el área financiera del Gobierno Provincial. El objetivo es explicar que la emergencia sanitaria no solo afecta a los pacientes, sino también a la estructura impositiva y de costos de los sanatorios.
“Hemos presentado nota al Ministerio de Economía para poder ir a dialogar junto con el interventor, explicarle cuál es la situación de las clínicas y los sanatorios ante la emergencia sanitaria. No queremos dejar de pagar nuestros impuestos, pero que nos faciliten un pago o algo, tener un diálogo”, manifestó Lesbegueris, dejando en claro que el sector busca alternativas para sobrevivir a la presión fiscal y los bajos ingresos.
Compromiso ético: El rechazo al «Cobro de Plus»
Finalmente, el Dr. Lesbegueris reafirmó la postura de su organización frente a una de las quejas más frecuentes de los afiliados: el cobro adicional por fuera de la orden médica. A pesar de la asfixia económica, las instituciones pertenecientes a ACLISA mantienen el compromiso de respetar el convenio vigente.
“Nosotros tenemos al menos en lo que es Asociación de Clínicas y Sanatorios a nuestros prestadores no le permitimos el cobro del plus por el convenio que tenemos con el IASEP. Con la institución no podemos permitirlo”, sentenció. No obstante, advirtió que la situación es límite y que si no se resuelven los débitos injustos y la falta de actualización, el sistema seguirá degradándose.
El Dr. Lesbegueris concluyó con una luz de esperanza, aguardando una reunión clave para la próxima semana: “Hicimos el reclamo correspondiente y estamos a la espera de una respuesta. Calculo que vamos a llegar a buen término porque hay predisposición, a lo mejor fue un error”.