El Dr. Claudio Samaniego, Administrador General del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP), rompió el silencio tras las recientes presentaciones realizadas por ACLIBA y FEMFOR. En un diálogo frontal, en una entrevista exclusiva con el programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO), el funcionario desestimó los reclamos por falta de conocimiento en la normativa de débitos y puso el foco en una problemática persistente: el cobro indebido de «plus» médico.
Las reglas de juego: Un convenio vigente y conocido
Ante la consulta sobre los reclamos de las organizaciones prestadoras, quienes alegan desconocimiento de normativas clave que derivan en débitos administrativos y médicos, Samaniego fue tajante. Afirmó que el marco regulatorio es claro y que las prestadoras no pueden alegar sorpresa frente a las auditorías.
“Exactamente, una aclaración nada más que el contrato prevé todos los periodos dicen necesitar eh tener un contrato firmado, así que es lo único al que le damos nosotros. Nosotros no cumplimos el 100% del contrato.”, señaló el administrador. Según su visión, el problema radica en el incumplimiento por parte de los profesionales y no en una arbitrariedad de la obra social: “El contrato es bien claro. El contrato bien clarito.”
La controversia por los débitos y las auditorías
Uno de los puntos de mayor fricción entre el IASEP y las entidades como ACLIBA y FEMFOR es la aplicación de débitos en las facturaciones. Las prestadoras sostienen que se aplican descuentos sin una base normativa conocida, algo que Samaniego desmintió categóricamente, asegurando que el proceso es transparente y participativo.
“Existen los débitos y se hace siempre compartida. Ellos los auditores vienen a decir repiten y están de acuerdo o no están de acuerdo. Así que esto ellos lo conocen bastante bien.”, explicó el titular del instituto. Además, recordó que los términos actuales se rigen por un convenio que data del año 2019, el cual se ha prorrogado sucesivamente con el consenso implícito de las partes.
Aranceles e inflación: ¿Hay un retraso real?
A pesar de que las prestadoras han deslizado la necesidad de una actualización urgente de los valores debido a la inflación acumulada de años anteriores, desde la administración del IASEP consideran que los incrementos otorgados son competitivos y ajustados a la realidad provincial.
Samaniego subrayó que los aumentos brindados por la obra social han seguido —e incluso superado— la pauta salarial de la administración pública provincial. “Hemos superado el porcentaje a los empleados públicos. Ellos lo saben.”, sentenció. Respecto a la posibilidad de una nueva mesa de discusión salarial, el funcionario supeditó cualquier movimiento a la salud financiera de la provincia: “Esto depende siempre de la disponibilidad del presupuesto provincial y el presupuesto de la obra social.”
La lucha contra el cobro de «plus»
Para el Administrador del IASEP, la discusión de un nuevo convenio no puede ignorar el perjuicio económico que sufren los afiliados en el consultorio. Samaniego acusó a los profesionales de no cumplir con la prohibición de cobros adicionales por fuera de la orden oficial.
“Es muy importante que ellos siguen cobrando plus, sigue cobrando las pruebas. Y eso está totalmente prohibido por una ley por nuestro convenio. Y si ellos se comprometieron varias veces en luchar contra eso y por supuesto no han dado hasta ahora cumplir con eso.”, denunció con firmeza.
Análisis del escenario actual
Tras la entrevista, el equipo periodístico de “Exprés En Radio” analizó las declaraciones. Mientras que la obra social sostiene que “Nosotros siempre vimos aumentos por encima de la inflación.”, las prestadoras mantienen una visión diametralmente opuesta, argumentando un atraso histórico que no se compensa con los ajustes mensuales actuales.
El conflicto parece estar lejos de una resolución amistosa en lo que respecta a lo económico, aunque quedó abierta una ventana para “rediscustir los términos” del convenio de 2019, siempre y cuando se aborden los detalles técnicos de los débitos y la erradicación de los cobros extra que afectan el bolsillo del empleado público formoseño.