En una resolución que marca un precedente fundamental para los derechos de los usuarios financieros en la provincia, la Justicia formoseña condenó al Banco Formosa a restituir una millonaria suma a una empresa local. El hecho se originó tras el vaciamiento de sus cuentas mediante una serie de transferencias no autorizadas que la entidad bancaria no logró detectar ni frenar a tiempo.
El caso fue analizado en profundidad durante una entrevista en el programa “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, donde el Dr. Alfredo Fernández Bedoya, abogado representante de la firma damnificada, brindó detalles sobre el accionar ilícito y la negligencia de la institución.
El origen del fraude: 42 minutos de desprotección
El calvario de la empresa comenzó el 7 de enero de 2025. Según relató el letrado, tras una jornada laboral normal, los propietarios se retiraron a descansar. “Cuando se levanta de la siesta, eso de las 17:30 horas aproximadamente, entra a su Home Banking a ver el estado de la cuenta y se observa de que, bueno, desaparecieron 55 millones de pesos por medio de 11 transferencias en un lapso de tiempo de 42 minutos”, explicó Fernández Bedoya.
A pesar de la gravedad del hecho y la celeridad de las operaciones, la entidad bancaria no activó protocolos de seguridad ni bloqueos preventivos. Ante el reclamo inmediato, la respuesta del banco fue, según el abogado, eludir su responsabilidad: “Lo único que dicen de que las transferencias se hicieron con las claves token y que salieron de la misma cuenta de mi cliente… deslindando responsabilidad y tratando de eludir las mismas y echándole la culpa en este caso a los clientes”.
La falta de información y el ocultamiento del IP
Uno de los puntos más críticos del conflicto fue la negativa del banco a proporcionar datos técnicos esenciales para identificar a los estafadores. La querella solicitó el rastro del IP para determinar desde qué dispositivos se realizaron los movimientos, información que el banco posee pero que se negó a entregar de forma extrajudicial.
“Nosotros sabemos, todo el mundo sabe que la entidad bancaria puede saber con el IP en la operación queda grabado desde qué lugar se puede haber hecho la transferencia y desde qué computadora. Nunca nos brindaron ese dato”, sentenció el doctor. No obstante, en el marco del juicio, se logró demostrar que las operaciones fueron ejecutadas desde la provincia de Buenos Aires, resultando ajenas al titular de la cuenta en Formosa.
Fallo judicial y protección al consumidor
La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2, la Dra. Pérez Grepo, dictó una sentencia favorable a la empresa el pasado 19 de diciembre. El fallo determina que el banco incumplió su deber de seguridad y custodia.
El Dr. Fernández Bedoya destacó que la suma a devolver, sumando intereses, alcanzaría una cifra cercana a los 82 millones de pesos. “El banco aceptó la sentencia porque no apeló. Ya pagó la misma. Nada más que pagó el capital histórico, falta que pague los intereses”, confirmó.
El abogado subrayó que la resolución es emblemática porque ratifica que los bancos están sujetos a la Ley de Defensa al Consumidor: “Por más que sea una entidad bancaria, los clientes son consumidores de los servicios que presta el banco. Y por esos servicios… todos los clientes pagamos por un servicio con la seguridad más absoluta que pueda tener todo el dinero que uno deposita”.
Impacto social y futuras acciones legales
El perjuicio para la empresa fue más allá de lo económico, afectando su operatividad diaria. “Esa plata era para pagar proveedores y para pagar sueldo y aguinaldo. Y no le pudo pagar en tiempo a sus empleados… tuvo que salir a pedir préstamo, a endeudarse”, relató Fernández Bedoya. Debido a esto, adelantó que se iniciará una nueva acción judicial por daños y perjuicios.
Finalmente, el letrado advirtió que este no es un caso aislado y que las entidades deben mejorar sus sistemas para proteger el patrimonio de los formoseños: “Este no es el primer caso en Formosa. Hay muchos casos, nada más que suena mucho por el monto… sería bueno que tomen nota las entidades financieras y que brinden una verdadera seguridad a los clientes”.