La situación del Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) ha llegado a un punto crítico, movilizando no solo a los profesionales de la salud, sino también al arco político opositor. En un intento por frenar el éxodo de prestadores y garantizar el derecho a la salud de los trabajadores estatales, el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) ha decidido respaldar institucionalmente los reclamos de la Federación Médica y ACLISA.
Un proyecto para frenar el desfinanciamiento sanitario
La iniciativa central de este movimiento es un proyecto de ley presentado por la diputada provincial Carla Zaiser, el cual cuenta con el respaldo unánime del bloque radical en la Legislatura. La propuesta busca establecer un “régimen de actualización, recomposición y adecuación de los aranceles que el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IASEP) abona a los prestadores de salud en la provincia de Formosa”.
Según los fundamentos de la norma, la brecha entre los costos operativos de las clínicas y consultorios frente a lo que perciben de la obra social estatal se ha vuelto insostenible. El proyecto, ingresado formalmente en noviembre de 2025, no solo busca un ajuste monetario, sino una estructura que brinde previsibilidad al sistema sanitario privado de la provincia.
El objetivo: Dignidad profesional y calidad de atención
Al ser consultada sobre los pilares de esta medida, la diputada Zaiser fue contundente al explicar que la propuesta legislativa apunta a “garantizar honorarios profesionales dignos, asegurar la continuidad de la atención médica y preservar la calidad de las prestaciones que reciben los afiliados del IASEP”.
Para la legisladora, no se trata únicamente de una discusión económica, sino de un problema de salud pública. La insuficiencia de los aranceles actuales está provocando un efecto dominó peligroso: los profesionales abandonan la obra social, lo que satura los hospitales públicos y deja a miles de familias con una cobertura virtualmente inexistente.
Cifras alarmantes: El caso de la salud mental
Uno de los puntos más críticos expuestos en la argumentación de la ley es el desfasaje en los honorarios de los especialistas. Actualmente, los montos que el IASEP abona a los profesionales de la salud mental rondan los $6.000 por consulta. Esta cifra representa apenas entre el 25% o 30% de lo que pagan otras obras sociales en el mercado actual.
A esta precariedad se le suma un obstáculo administrativo: los cupos mensuales. Estos límites restringen la cantidad de prestaciones que los médicos pueden facturar por mes, lo que en la práctica significa que muchos deben trabajar «gratis» o suspender la atención una vez alcanzado el tope, afectando directamente la continuidad de los tratamientos de los pacientes.
Respaldo institucional a los gremios médicos
La movida legislativa de la UCR no es aislada, sino que se alinea con la postura de las principales entidades que nuclean a los prestadores de la provincia. Zaiser remarcó que “acompañamos el reclamo de la Federación Médica firmado por su presidenta, la doctora Leila Carabajal, y de ACLISA a través de su titular, el doctor Rodolfo Lesbegueris”.
Este frente común entre legisladores y organizaciones médicas busca presionar por una solución de fondo que termine con la discrecionalidad en los pagos del Instituto.
Hacia un sistema transparente y sostenible
Para concluir, la diputada subrayó que la crisis del IASEP requiere una mirada a largo plazo que el Gobierno Provincial ha evitado hasta el momento. La legisladora sostuvo firmemente que “el fortalecimiento del sistema provincial de salud requiere una recomposición arancelaria seria, previsible y transparente, que permita sostener a los prestadores dentro de la obra social y garantice una atención de calidad para los afiliados”.
El debate ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, donde se espera que el oficialismo defina si dará tratamiento a una ley que los médicos consideran vital para evitar el colapso total de la obra social más grande de Formosa.