Formosa se encuentra conmovida ante una nueva y gravísima denuncia que pone bajo la lupa el accionar del Gobierno Provincial. Las abogadas Gabriela Neme y Ailín Narváez han alzado la voz para exponer un caso que combina la desidia estatal con una aparente persecución política: la estafa y revictimización de Milagros, madre de la niña de 9 años que ya venía atravesando un calvario judicial y social.
Lo que comenzó como una supuesta «solución habitacional» se transformó, según las denunciantes, en una maniobra de abuso de poder destinada a silenciar y castigar a una madre que se atrevió a reclamar justicia.
Un traslado con trasfondo oscuro: «Para no incomodar»
La cronología de los hechos es escalofriante. Milagros residía en una vivienda que, con mucho esfuerzo, estaba logrando ampliar y que contaba con todos los servicios básicos garantizados. Sin embargo, de manera repentina y bajo una presión asfixiante, fue trasladada por la fuerza. Según los fundamentos de la denuncia, esta medida no buscaba el bienestar de la menor ni de su madre, sino que se ejecutó «para no incomodar» al sujeto denunciado en la causa que involucra a la familia.
Este desplazamiento forzoso no solo desarraigó a la familia, sino que se realizó bajo condiciones de absoluta irregularidad. Las autoridades no permitieron que Milagros retirara sus pertenencias personales, incluyendo muebles y herramientas de infraestructura que ella misma había comprado, como el motor y el tanque de agua, elementos críticos para la vida diaria en la zona.
El calvario de los servicios: Una deuda ajena de casi dos millones
Al llegar al nuevo destino, un módulo habitacional asignado por el Ministerio de la Comunidad, Milagros se encontró con una realidad desoladora: un espacio «inhabitable», sin suministro de agua potable y con una trampa financiera. La empresa de energía REFSA le reclama el pago de una deuda de $1.800.000, un monto sideral que fue generado por ocupantes anteriores y que el Estado pretende que una madre en situación de vulnerabilidad absorba para poder tener luz.
Neme exigió a REFSA la reconexión inmediata del servicio y al Gobierno provincial que cese el hostigamiento y repare el daño. Para la ex legisladora, se trata de una estrategia de asfixia para que la familia desista de cualquier reclamo público.
El desgarrador testimonio de Milagros: Entre el despojo y la burocracia
El Drama del Módulo Habitacional: Desamparo y Burocracia se ha vuelto el título de una pesadilla diaria. Milagros Ocampo ha relatado con precisión cómo la maquinaria administrativa se cerró sobre ella para despojarla de lo poco que tenía.
«La abogada del ministerio me dijo que no puedo recuperar más mi módulo, que no puedo ir a sacar mis cosas que quedaron ahí, mis pertenencias», explicó Milagros ante los medios. Este impedimento legal carece de sustento ético, considerando que dentro de la vivienda anterior quedaron incluso los juguetes y medios de transporte de sus hijas: «ahí quedaron las bicis de mis hijas con cadenas, con candados, yo tengo la llave. Yo puedo decir que sí eran mis cosas porque yo tengo las llaves de esas cosas».
La falta de empatía de los funcionarios se manifiesta en la respuesta sistemática ante el reclamo por los servicios básicos. Milagros detalla la imposibilidad de llevar una vida digna en el nuevo módulo: «en este módulo no había agua, hay una deuda de luz, me dijeron que yo tengo que pagar la luz ahora… no tenemos agua, nada, no me dejan que saque el motor, no quieren que yo saque el tanque, no quieren que yo saque nada de mi domicilio anterior».
Protección política y persecución: ¿Un castigo por hablar?
Para las doctoras Neme y Narváez, este caso no es un hecho aislado ni un «error administrativo». Se denuncia abiertamente una protección política hacia el entorno denunciado y una persecución directa contra Milagros por haber hecho pública su situación y la de su hija.
El uso de las estructuras del Estado para castigar a las víctimas es una de las acusaciones más fuertes de esta presentación. «Esto no es un error administrativo: es abuso de poder». La privación de agua y luz, sumada a la retención de bienes personales, configura un cuadro de violencia institucional que busca quebrar la voluntad de la denunciante.
Un llamado a la acción inmediata
La sociedad civil y diversos sectores políticos han comenzado a eco de este reclamo bajo una consigna unificada: «Que devuelvan lo que es suyo y den respuestas YA». El Ministerio de la Comunidad, encabezado por las autoridades de turno, debe responder por qué se le niega a una madre el acceso a sus propias pertenencias y por qué se la confina a una vivienda sin servicios básicos bajo una deuda que no le pertenece.
La lucha de Milagros no es solo por un techo, es por la dignidad y por la seguridad de una menor de 9 años, quien nuevamente es víctima de un sistema que, en lugar de protegerla, parece ensañarse con su entorno más cercano.