Hay gobiernos que administran conflictos y hay gobiernos que los fabrican. Necesitan un enemigo visible, una escena simple, una respuesta rápida y un aplauso inmediato. En esa lógica entra la norma “antipiquetes” y la baja de la edad de imputabilidad.
No es una política de seguridad.
Es una política de poder.
El “antipiquetes” como ensayo general del autoritarismo
La Constitución no reconoce ciudadanos a medias. Reconoce derechos.
Entre ellos, la libertad de expresión, de reunión, y el derecho de peticionar a las autoridades.
Ese trípode sostiene la democracia cuando la vida se vuelve dura y la calle se vuelve lenguaje.
Un protocolo administrativo no puede “redefinir” esos derechos como si fueran permisos.
Ni puede invertir la regla básica del Estado de derecho: primero la ley, después la fuerza.
A fines de 2025, un juez federal declaró la nulidad del “protocolo antipiquetes” (Resolución 943/23), señalando que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades propias del Congreso y que la medida vulnera derechos constitucionales; la decisión fue apelada y por eso la discusión siguió abierta.
Ese dato no es menor.
Muestra el núcleo del problema: cuando el gobierno empieza a tratar derechos como obstáculos, la república se vuelve un trámite y la policía, una doctrina.
La baja de imputabilidad: el mismo libreto, otro objetivo
En Argentina, el régimen vigente establece que no es punible quien no haya cumplido 16 años. Es el límite jurídico que separa la infancia de la responsabilidad penal plena.
La Propuesta del Gobierno
El gobierno de Milei impulsa debatir una “Ley Penal Juvenil” para bajar la edad a 14 años. El objetivo es llevar esta discusión al temario de sesiones extraordinarias en febrero de 2026.
La promesa es siempre la misma: “endurecer” para “terminar con el flagelo”. Sin embargo, esta premisa encierra un truco moral que simplifica una realidad extremadamente compleja.
El Desplazamiento de la Responsabilidad
Se traslada la angustia social a un punto fácil: un pibe, un barrio pobre o una estadística suelta. De este modo, el foco deja de estar en los problemas estructurales:
- La desigualdad profunda.
- El abandono estatal persistente.
- El narcomenudeo que recluta menores.
- Las redes adultas que utilizan a los chicos como escudos.
El Verdadero Objetivo
Al final, el problema pasa a ser únicamente “la edad”. Cuando un Estado decide pelear contra su propia infancia, queda claro que ya no está buscando seguridad, sino que está buscando control.
Lo que enseña el mundo: castigar más temprano no arregla nada
Hay una referencia que no se puede ignorar: el derecho internacional de los derechos humanos no es un adorno. En Argentina, este marco tiene jerarquía constitucional gracias al bloque de constitucionalidad.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha advertido que las presiones públicas suelen empujar reformas punitivas “rápidas”. Estas medidas no se apoyan en un entendimiento racional del desarrollo adolescente. Por ello, el organismo recomienda:
- Elevar la edad mínima de imputabilidad.
- Evitar excepciones que permitan tratar a niños como adultos.
Evidencia Comparada y Marketing Político
Cuando miramos la evidencia internacional, el mensaje resulta incómodo para el marketing político. En Estados Unidos, el traslado de adolescentes al sistema penal adulto no ha mostrado un efecto claro de reducción del delito. Al contrario, numerosos estudios encuentran una mayor reincidencia en jóvenes procesados bajo regímenes de adultos.
Impacto en la Salud Pública y Seguridad
Las revisiones de salud pública registran que estas políticas pueden aumentar la reincidencia, especialmente en el corto plazo. No ofrecen el “milagro” disuasorio que se suele prometer en campaña. En síntesis: el encierro temprano suele consolidar trayectorias criminales en lugar de cortarlas por las siguientes razones:
- Expone a los adolescentes a dinámicas más violentas.
- Rompe vínculos escolares y laborales fundamentales.
- Devuelve a los jóvenes en peores condiciones a la sociedad.
Esto no significa negar el dolor de las víctimas ni romantizar el delito. Significa algo mucho más difícil y necesario: no mentirle a la sociedad.
Argentina ya vivió este ciclo: “mano dura” y resultados pobres
Nuestra historia reciente lo muestra con crudeza.
En 2004, tras el caso Blumberg, el Congreso aprobó a las apuradas un paquete de reformas que endureció penas y restricciones, en un clima de presión mediática y conmoción social.
El efecto conocido de esos ciclos punitivos no fue una sociedad pacificada. Fue, en cambio, la construcción de un engranaje más rígido:
- Un sistema penal más grande.
- Más prisiones.
- Más hacinamiento.
- Más selectividad sobre los de siempre.
La Promesa Incumplida
Y una seguridad que no llegó como se había prometido. La pregunta correcta, entonces, no es si “suena bien” bajar la edad.
La pregunta correcta es: ¿sirvió el endurecimiento como receta mágica? Y la experiencia indica que no.
El núcleo constitucional: legalidad, proporcionalidad y humanidad
El derecho penal, en una democracia, es el último recurso, no el primero. El Estado posee herramientas previas fundamentales antes de recurrir a la sanción punitiva:
- Educación y salud.
- Urbanismo y políticas de cuidado.
- Prevención comunitaria.
- Intervención sobre redes adultas del delito e inteligencia criminal seria.
- Justicia social básica.
Cuando el gobierno elige el castigo como atajo, viola un principio civilizatorio: la pena debe ser excepcional, proporcional y orientada a reintegrar, no a destruir.
La Adolescencia y la Vulnerabilidad
Cuando el castigo apunta a los más jóvenes, el problema se agrava. La adolescencia no es solo una edad; es una etapa definida por:
- Formación e impulsividad: Un proceso biológico y psicológico en desarrollo.
- Dependencia del entorno: El contexto moldea las decisiones.
- Vulnerabilidad: La exposición ante adultos que reclutan para el delito.
Penalizar más temprano no corrige estas causas; por el contrario, las cristaliza.
Lo que se denomina «orden» funciona, en realidad, como un mecanismo de disciplinamiento social. Esta estrategia ha seguido una progresión clara:
- La Calle: El intento de convertir la protesta social en una amenaza.
- La Infancia: Convertir la exclusión en delito y venderlo bajo la etiqueta de «seguridad».
Este es el corazón de la doctrina de persecución: un Estado que se niega a garantizar derechos, pero se entusiasma con castigar a quienes padecen su ausencia.
Consecuencias Sociales del Castigo Temprano
Encarcelar a un adolescente puede calmar un titular de noticias, pero tiene efectos profundos y negativos en el tejido social:
- No calma a la sociedad; la endurece y la vuelve más cruel.
- Normaliza la idea peligrosa de que la democracia se defiende recortando derechos.
Cuando un gobierno comienza persiguiendo piquetes y termina discutiendo cárcel para la infancia, no está resolviendo el delito. Está ensayando, paso a paso, un país con menos Constitución y más miedo.
Dr. Carlos Roble – Abogado del foro local