La localidad de Gran Guardia atraviesa uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Mientras el discurso oficial del Gobierno Provincial intenta sostener un relato de estabilidad y «superávit fiscal», la realidad en el interior profundo de la provincia desmiente las cifras alegres. Hoy, la comuna se encuentra sumergida en una parálisis administrativa que amenaza con quebrar la paz social de sus habitantes.
Deudas salariales y un panorama desolador
La situación de los trabajadores municipales y funcionarios de Gran Guardia ha pasado de la preocupación a la desesperación. Según los testimonios recogidos, la cadena de pagos se ha roto por completo, dejando a cientos de familias sin el sustento básico en un contexto inflacionario asfixiante.
Al ser consultado sobre esta problemática, el Presidente del Concejo Deliberante, Benjamín Salinas —quien asumió sus funciones el pasado 10 de diciembre—, fue categórico al describir el escenario:
«En particular, Gran Guardia no ha podido hacer frente al pago de los sueldos de sus empleados. Los Funcionarios y concejales aún no han cobrado sus dietas que se les adeuda desde Mayo, mientras que los empleados municipales llevan semanas sin percibir sus salarios de noviembre, diciembre, ni el medio aguinaldo correspondiente. La crisis se profundiza a medida que la administración local se niega a dar explicaciones claras sobre la situación financiera».
Las decisiones de gestión bajo la lupa
Para entender el colapso actual, es necesario retroceder a los meses previos a la contienda electoral. La gestión del Intendente Lázaro Caballero es señalada por haber tomado medidas de alto impacto fiscal que hoy parecen ser el detonante del vacío en las arcas municipales.
Durante el último tramo de su mandato anterior, se procedió a la incorporación de más de 50 empleados a la planta permanente y se otorgaron incrementos sustanciales en las dietas de los funcionarios. Estas medidas, que en su momento fueron vistas como beneficiosas, hoy son analizadas como decisiones que sobrepasaron las posibilidades reales de la comuna, llevando al municipio a un estado de insolvencia técnica.
Resistencia social: Ollas populares en la Comuna
Ante la falta de respuestas y el hambre que empieza a golpear las puertas de los hogares, la comunidad no se ha quedado de brazos cruzados. En un hecho histórico para la localidad, empleados municipales, comerciantes locales y vecinos se han unido en un plan de lucha que incluye la realización de ollas populares para asistir a quienes ya no tienen para comer.
Esta unión entre el sector público y el privado refleja la gravedad del conflicto, ya que la falta de pago de salarios ha frenado el consumo local, arrastrando también a los comerciantes a una situación límite.
El silencio del Ejecutivo y la falta de transparencia
Desde el ámbito legislativo, los intentos por obtener claridad sobre el destino de los fondos públicos han chocado contra una pared de silencio por parte de la Intendencia. La falta de rendición de cuentas es, quizás, el punto que más indignación genera en la dirigencia política opositora.
Al respecto, Salinas volvió a enfatizar la opacidad de la actual administración:
«A su vez, el Concejo Deliberante de Gran Guardia ha enviado varios pedidos de informe al Ejecutivo Municipal, solicitando explicaciones sobre la realidad financiera del municipio y los motivos detrás de los continuos retrasos en el pago de salarios y aguinaldos. Sin embargo, hasta el momento, la Municipalidad se ha negado a responder».
Un clima de tensión creciente
La falta de transparencia y la negativa a afrontar esta delicada situación están generando un clima de tensión creciente en la comunidad. Los empleados municipales, comerciantes y vecinos de Gran Guardia exigen una respuesta urgente para evitar que la crisis se siga profundizando, afectando aún más la estabilidad económica y social de la comuna. «Concluyó Salinas».
Por ahora, el futuro de Gran Guardia permanece en la incertidumbre. Sin un auxilio financiero inmediato o un plan de contingencia real por parte del Ejecutivo Municipal, la crisis institucional corre el riesgo de escalar a un conflicto social de magnitudes impredecibles.