La localidad de Gran Guardia atraviesa uno de sus momentos más oscuros bajo la administración del CPN Lázaro Caballero. Lo que se presentaba como una gestión de crecimiento y orden financiero ha desembocado en una crisis comunal sin precedentes, marcada por la desigualdad salarial, la morosidad estatal y un clima de persecución laboral que mantiene en vilo a toda la comunidad.
El fin del relato y la realidad de las cuentas
Durante meses, la gestión actual intentó sostener una fachada de estabilidad que hoy se desmorona ante la falta de liquidez. Según se denuncia, «Lázaro Caballero junto a Bonifacio Alejo Gómez tenían un relato de una situación económica comunal con cuentas equilibradas y por eso pagaban sueldos elevados por pocas horas de trabajo y otros beneficios para algunos privilegiados; pero la realidad que es la única verdad… dejó al descubierto el festival de derroche de recursos económicos coparticipables y la crisis seguirá increcendo.»
Esta supuesta bonanza solo parece haber beneficiado a un entorno íntimo de 13 administrativos que, según fuentes internas, perciben sumas millonarias que compiten incluso con los haberes de la capital provincial, mientras el resto de la planta sufre el ajuste de sus haberes.
Salió cronograma de haberes de enero y comuneros granguardinos preocupados
La incertidumbre ha crecido en las últimas horas tras el anuncio oficial de pagos en la provincia. Hace unos días el PEP dio a conocer el cronograma de efectivización de haberes para los empleados provinciales formoseños, algo que muchos festejan, pero los empleados de la Comisión de Fomento granguardina están muy preocupados por lo incierto de la posibilidad de poder también cobrar sus sueldos como usualmente lo hacían.
En los pasillos municipales se respira nostalgia y frustración al recordar administraciones previas. Se extraña la gestión del ex jefe comunal Sergio «Chino» De Madariaga, a quien muchos reivindican hoy: según varios empleados, «el ‘gordo’ siempre priorizó abonar haberes; luego proveedores y por último ver qué hacer con lo disponible, eso ya guardando para el SAC». La diferencia de prioridades con la actual gestión es, para los trabajadores, el origen del desastre.
Un pueblo paralizado por la deuda
La crisis no solo afecta las oficinas municipales, sino que ha golpeado el corazón comercial de Gran Guardia. Debido a la falta de pago del total de los salarios, el consumo se ha desplomado. «Los casi 300 empleados comunales por no cobrar el 100% de sus haberes no pueden cumplir con sus compromisos económicos personales en los comercios del pueblo y en la provincia, eso a la vez aumenta las deudas impagas tanto en préstamos bancarios, tarjetas de crédito, préstamos personales en financieras y demás porque los intereses punitorios se incrementan diariamente.»
A esto se suma la alarmante situación de los servicios públicos: desde hace más de seis meses, la provisión de combustible para la comuna ha sido cortada por falta de pago, dejando al municipio sin recursos para paliar la coyuntura.
Irresponsabilidad política y promesas incumplidas
La figura de Caballero queda hoy bajo la lupa de la opinión pública tras alejarse drásticamente de sus promesas electorales. Se lo señala como «Lázaro Caballero es un irresponsable en la administración de la jefatura comunal y lo más increíble que pretende desligarse del problema de algo para lo cual hizo campaña política para llegar a la jefatura comunal con su contrato social de mejorar las condiciones laborales de esa entidad y cambiar sustancialmente el perfil pueblerino junto a su ‘Gran Guardia Crece’.»
En lugar de soluciones, los trabajadores denuncian una presión creciente. Mientras se les recortan los ingresos, «ahora exige que todos los empleados cumplan laboralmente todos los días no dándoles la posibilidad de generar recursos en áreas privadas como se hace en el HCD.»
Denuncias sin respuesta y amenaza de medidas de fuerza
A pesar de la gravedad de los hechos, el silencio de las autoridades es ensordecedor. Se viene denunciando esta situación desde principios de enero, y aunque el conflicto ha tomado estado público a través de los distintos medios de comunicación de la provincia, ni la Municipalidad ni el Gobierno de la provincia de Formosa han hecho nada para solucionar el problema.
Ante este abandono, la tensión ha llegado a un punto de no retorno. La igualdad y la justicia social esperan a esos afligidos empleados damnificados donde ya varios estarían pensando «tomar» las instalaciones del edificio hasta lograr cobrar.
Amedrentamiento como política de estado
El clima interno se ha vuelto hostil. Según testimonios, el personal jerárquico utiliza el miedo para sofocar reclamos. «Las amenazas de suspensión laboral, despidos de contratados estaría al orden del día para eso cuenta con personal jerárquico idóneo que hace el ‘trabajo’ de amedrentamiento.»
«El Poder Ejecutivo provincial ya tiene conocimiento de la crisis… la comunidad formoseña también… falta la solución inmediata para que los vecinos granguardinos logren la tranquilidad de otrora con otros jefes comunales.»