La escena política de la provincia de Formosa se ha visto sacudida por una denuncia que cala hondo en la estructura administrativa del modelo de gestión actual. El ex concejal capitalino y referente de la oposición, Gerardo Piñeiro, ha decidido romper el silencio con un análisis pormenorizado de los números que maneja el Ministerio de Economía provincial, dejando al descubierto una realidad que muchos sospechaban pero pocos habían cuantificado con tal crudeza: el uso de la coparticipación como herramienta de premios y castigos.
A través de una exposición pública en sus redes sociales, Piñeiro no solo cuestionó la legalidad de los repartos, sino que impugnó la moralidad de una gestión que, según sus palabras, utiliza el hambre y la falta de servicios de los ciudadanos para doblegar voluntades políticas.
El mito de la Justicia Social bajo la lupa
Para el dirigente radical, el discurso oficial sobre la equidad territorial es una fachada que se desmorona al analizar las transferencias per cápita. En su descargo, Piñeiro fue enfático al señalar que en la provincia «ni igualdad, ni justicia social» son principios que guíen la distribución de la riqueza pública. Por el contrario, la gestión actual se regiría por una lógica de sometimiento.
«El Gobierno de la Provincia de Formosa decide cuánto valen los formoseños según dónde viven y qué tan servicial es su intendente al modelo de Gildo Insfrán», denunció el ex edil. Esta afirmación pone el foco en la vulnerabilidad de las autonomías municipales, las cuales quedarían reducidas a meras delegaciones administrativas sujetas al humor del Poder Ejecutivo central. Para Piñeiro, el sistema actual se resume en una frase lapidaria: «Solo látigo y discrecionalidad».
Las Lomitas: El epicentro de la resistencia y el castigo
Uno de los puntos más álgidos de la nota periodística publicada por el dirigente es la situación de Las Lomitas. La localidad, tradicionalmente un nodo estratégico en el centro de la provincia, se ha convertido en el símbolo de la «asfixia financiera». Piñeiro sostiene que este ensañamiento tiene una raíz estrictamente política y electoral.
«A los vecinos de Las Lomitas se les niegan recursos que les corresponden por ley, únicamente porque su intendente no responde al oficialismo provincial y está alineado con el Gobierno Nacional», explicó con dureza. La interpretación es clara: el alineamiento de la gestión municipal de Las Lomitas con fuerzas externas al «modelo formoseño» ha gatillado una represalia económica que afecta la vida diaria de miles de familias.
La radiografía del desequilibrio: Una brecha abismal
El dato más impactante de la denuncia de Piñeiro radica en la comparación de fondos por habitante. La estadística muestra una disparidad que resulta difícil de justificar bajo cualquier criterio técnico o demográfico razonable. El dirigente presentó un esquema de fondos mensuales por habitante que deja a Las Lomitas y a la Capital en el último escalón de la pirámide.
- Fortín Lugones: $147.904,91 por persona.
- Pastoril: $124.657,50 por persona.
- San Hilario: $111.538,05 por persona.
- Los Chiriguanos: $98.375,91 por persona.
- Gran Guardia: $95.151,47 por persona.
En contraste, la realidad de los municipios «rebeldes» o de gran escala es alarmante: «Las Lomitas, con más de 22.000 habitantes, es el municipio que menos fondos recibe por habitante en toda la provincia», percibiendo apenas «$16.374,09». Esta cifra se sitúa incluso «solo por debajo de Formosa Capital ($22.170,58)», lo que demuestra que el criterio de reparto perjudica sistemáticamente a los centros urbanos más grandes y a aquellos con voces críticas.
El cálculo electoral: La mirada puesta en 2027
Piñeiro no duda en señalar que esta arquitectura del desfinanciamiento tiene un objetivo preventivo. La mirada de la Casa de Gobierno estaría puesta en el próximo recambio generacional y en las elecciones de 2027. La lógica, según el opositor, es debilitar hoy a quienes puedan representar una amenaza electoral mañana.
«Más claro, échale agua. Los dos intendentes a los que Gildo Insfrán les teme políticamente, pensando en 2027, son los que menos recursos reciben», sentenció, vinculando directamente la economía con la estrategia de supervivencia del poder central. Esta manipulación de recursos no es inocua; Piñeiro advierte que «esta discriminación castiga a los vecinos, privándolos de obras y servicios esenciales para mejorar su calidad de vida». Calles sin pavimentar, falta de iluminación y servicios de recolección deficientes serían, bajo esta óptica, consecuencias directas de una decisión política tomada en los despachos de la capital provincial.
Hacia una exigencia de transparencia y legalidad
La conclusión de Gerardo Piñeiro es un llamado a la acción y a la reflexión ciudadana sobre la naturaleza del poder en Formosa. El dirigente cuestionó que el criterio de distribución de la coparticipación actual «no es justo, no es equitativo, no es transparente y no tiene criterios objetivos».
La denuncia cierra con una interpelación directa al Gobernador y a la concepción del Estado como propiedad privada. «Todos tenemos derecho a saber cómo reparte el gobernador Gildo Insfrán los fondos de la coparticipación nacional», exigió. Para Piñeiro, es hora de que la administración pública deje de comportarse como una administración feudal: «Formosa no es una estancia. Los recursos son de la gente, no del poder», finalizó, dejando abierta la puerta a posibles presentaciones judiciales para exigir un reparto basado en datos censales y necesidades reales, y no en lealtades partidarias.