Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa advirtieron que el sostenido recorte en la obra pública nacional ha provocado un marcado deterioro de la red vial argentina, al punto de que dos de cada tres rutas nacionales se encuentran actualmente en estado regular o malo. La situación se ve agravada por una fuerte reducción presupuestaria y la falta de mantenimiento preventivo.
De acuerdo a lo denunciado, el Presupuesto Nacional 2026 prevé una caída real cercana al 75% en la inversión en obra pública en comparación con el año 2023. A este ajuste se suma la subejecución de aproximadamente la mitad del presupuesto asignado durante 2024 y 2025, lo que impacta directamente en el mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales.
En este contexto, trabajadores de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) elaboraron un informe técnico que alerta sobre la crítica situación de la infraestructura vial en todo el país. Según el documento, el deterioro de las rutas ha provocado una disminución de la velocidad media de circulación, un incremento de los costos logísticos, una pérdida de competitividad regional y un aumento de la siniestralidad vial.
“El ajuste es brutal y deliberado. El Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% respecto de 2023”, señalaron desde la Federación. Además, indicaron que al menos el 60% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo, aunque proyecciones conservadoras estiman que el deterioro real podría alcanzar entre el 65% y el 70% de las rutas, afectando corredores estratégicos en todas las provincias.
El Ombudsman Provincial, Guido Gialluca, denunció además que el Gobierno Nacional abandonó el mantenimiento preventivo, una política clave para evitar el colapso estructural de las calzadas. “La falta de mantenimiento acelera el paso de fallas menores a daños estructurales graves, multiplicando los costos futuros de rehabilitación”, advirtió.
Otro de los puntos señalados es el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un tributo de asignación específica para obras viales que la Nación continúa cobrando en cada carga de combustible, pero cuyos fondos no son ejecutados en infraestructura vial, según denuncian desde FePeViNa.
A este panorama se suma el despido de más de 800 trabajadores técnicos y operativos de Vialidad Nacional en los últimos dos años, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados. Además, alertaron que podrían eliminarse otras 900 posiciones mediante retiros voluntarios.
La situación es especialmente crítica en el Distrito 22 de Vialidad Nacional Formosa, que actualmente cuenta con solo 86 agentes para atender la totalidad de las rutas nacionales Nº 11, 81, 86 y 95. De ese total, apenas 25 trabajadores realizan tareas operativas esenciales como bacheo, corte de pasto, señalización y mantenimiento de equipos, mientras que el resto cumple funciones administrativas.
Gialluca concluyó que el recorte presupuestario, el desvío de los impuestos a los combustibles, el freno a la obra pública y los despidos masivos conforman “un peligroso cóctel que deriva en la falta de mantenimiento y rehabilitación de las rutas nacionales, generando además un alto costo económico para el Estado que terminan pagando los contribuyentes”.
La gravedad del escenario se respalda en las propias estadísticas oficiales del Informe Anual de Evaluación del Estado de Pavimentos 2023-2024, publicado en diciembre de 2024, el cual solo relevó el 48,1% de la Red Vial Nacional, dejando sin evaluar más de la mitad de los casi 41.000 kilómetros de rutas del país. A la fecha, aún no se conocen los datos correspondientes al período 2024-2025.
Desde FePeViNa advirtieron que, ante la ausencia de obras de mantenimiento desde el último informe oficial, las proyecciones hacia 2026 indican que el 70% o más de las rutas nacionales estará en estado regular o malo. Además, cuestionaron las escasas tareas actuales, basadas en contrataciones tercerizadas con materiales de baja calidad, cuyos arreglos “se rompen en menos de seis meses”, situación que también se repite en las tareas de desmalezamiento.
Finalmente, alertaron que el deterioro vial incrementa la siniestralidad y genera mayores costos económicos para el Estado, ya que el impacto promedio por cada víctima de un siniestro vial supera los 62.000 dólares, considerando gastos sanitarios, policiales, judiciales y sociales.