La ciudad de Clorinda se encuentra sumergida en una profunda polémica tras el reciente anuncio de la cooperativa local. A través de un comunicado en redes sociales, la entidad informó la implementación de un nuevo cargo en las facturas, lo que desató una ola de indignación entre los usuarios, quienes califican la medida como arbitraria y «compulsiva».
El anuncio que encendió la mecha
La Cooperativa intentó justificar la medida mediante un aviso oficial, explicando que el ítem denominado «Aporte solidario» es una respuesta a la delicada situación financiera que atraviesa la institución. Según el texto oficial:
«Informamos que el nuevo ítem denominado ‘Aporte solidario’, incluido en solo una de las facturas por cliente, se trata de un cobro mensual de $2.000, extraordinario y temporal, que responde a la necesidad de sostener la calidad de nuestros servicios, el encarecimiento de los insumos y el proceso del concurso preventivo de crisis. El mismo está regulado bajo resolución 1123/26 por el consejo de administración de la cooperativa. Estamos a disposición ante cualquier inquietud».
A pesar de que la entidad invoca una normativa interna y apela a la comprensión por el proceso judicial que atraviesa, los socios no tardaron en manifestar que la solidaridad no puede ser impuesta por decreto.
Usuarios en pie de guerra: «Cobro compulsivo» y falta de consulta
La reacción en las redes y en las oficinas de atención al cliente no se hizo esperar. El principal reclamo radica en la falta de consentimiento y la cuestionable calidad de las prestaciones actuales. Bajo la premisa de «Cooperativa Clorinda: Clientes furiosos por el cobro de montos arbitrarios y ya se están dando de baja», el descontento se canalizó en puntos críticos:
- Falta de consulta: Los socios denuncian que «este cobro no fue consultado a los socios».
- Servicio deficiente: Muchos usuarios aseguran que «los servicios ni siquiera funcionan como corresponde», lo que hace que el pedido de un extra sea visto como una falta de respeto a la economía familiar.
- Éxodo de clientes: Los clientes manifiestan que «no tienen por qué pagar esto y ya están dándose de baja».
El cuestionamiento legal: ¿Aporte o imposición?
Uno de los puntos más álgidos de la protesta vecinal tiene que ver con la naturaleza jurídica del cobro. Un usuario, visiblemente molesto, desglosó la irregularidad de la medida señalando que, para que un pago sea realmente «solidario», debe existir voluntad del aportante:
«Para que se constituya en un ‘Aporte solidario’, estos genios de la cooperativa, deben pedirle a los socios la adhesión al mismo a través de un consentimiento firmado, de lo contrario, de ser incluido directamente en las facturas, sería un cobro compulsivo».
Además, el reclamo se extiende a quienes no son socios formales de la entidad: «En el caso de terceros no asociados, tampoco existe obligación alguna de abonarlo. De hacerlo compulsivamente, se exponen a denuncias masivas ante la defensoría del pueblo o la oficina de defensa del consumidor».
Llamado a la resistencia y pedidos de refacturación
La postura de gran parte de la comunidad parece firme: no pagar el ítem en cuestión y exigir transparencia técnica. La recomendación que circula entre los grupos de vecinos es clara: «No debemos abonar las facturas con ese nuevo ítem. Que la paguen los que estén de acuerdo y firmen el consentimiento, pero a quienes no vamos a pagarlo que nos reformulen las facturas respetando los montos del primer y segundo vencimiento».
Finalmente, el cuestionamiento recae sobre la legitimidad de la medida, la cual, según los damnificados, «la aprobaron ellos, es decir los consejeros, sin participación de los socios. ¿De qué aporte solidario vienen a hablar? Hagan bien las cosas si pretenden encontrar empatía y solidaridad en socios y terceros no asociados».