Las acusaciones mediáticas entre sectores del Partido Justicialista respecto a la «quiebra» de la Municipalidad de Clorinda reactivan un histórico —y muchas veces solitario— reclamo del radicalismo: una mayor coparticipación para los municipios de la provincia.
No se trata de un capricho ni de demagogia. Es, sencillamente, ponerse la camiseta de la ciudad para que esta cuente con los recursos necesarios para gestionar soluciones reales, independientemente de la sintonía política con el quinto piso de la Casa de Gobierno.
Ambas facciones en pugna cuentan con representantes tanto en el cuerpo legislativo como en el ejecutivo; son 100% oficialismo, tanto en Clorinda como en la provincia. Por ello, dada su hegemonía política y numérica, les pedimos que abandonen el espectáculo mediático —que no redunda en beneficios para el vecino— y se enfoquen en lo concreto: más coparticipación para Clorinda, de la mano de una ordenanza de Acceso a la Información Pública que garantice un control ciudadano sobre esos fondos.
La provincia de Formosa recibe cuantiosos recursos en concepto de coparticipación federal que no llegan a las intendencias. Del total de estos ingresos, el Ejecutivo provincial retiene el 88%, mientras reparte apenas un 10% entre los 37 municipios, destinando el 2% restante a un fondo de emergencia. Mediante este esquema de distribución arbitraria, el gobernador Insfrán cimenta su poder: aplica el conocido método del «látigo y la billetera» para disciplinar y subordinar a los intendentes, vulnerando de hecho la autonomía municipal.
Lograr esta reforma significaría, además, una recomposición salarial urgente para el sufrido empleado municipal, quien hace años espera un gesto que le devuelva la dignidad con hechos. Especialmente para aquellos que prestan servicios en áreas sensibles y vitales para el bienestar comunitario.
Asimismo, un cambio en el régimen asegura la posibilidad de ejecutar más obras, reforzar servicios básicos como alumbrado, barrido y limpieza, y comenzar a proyectar las deudas de infraestructura que la segunda ciudad de la provincia padece hace años.
Otra arista fundamental de este debate es la necesidad de avanzar con la ordenanza de Acceso a la Información Pública. Es imperativo que cada ciudadano, desde la comodidad de su hogar, pueda auditar los ingresos y egresos del municipio. Hasta hoy, ningún intendente ha tenido la decisión política de garantizar este derecho básico. Si realmente existe el compromiso con la transparencia y la institucionalidad del cual se jactan, este debería ser el primer paso.
Está claro que estos fondos no pertenecen al bolsillo del gobernador ni de los funcionarios. Por eso es clave una distribución equitativa y transparente: el dinero es de la gente y debe volver a la gente.
Para dar previsibilidad a las gestiones actuales y futuras, y para evitar operaciones de prensa, es necesario reformar la Ley de Coparticipación provincial y convertir a la transparencia en un pilar municipal. Autoridades de Clorinda: hay que animarse a reclamar los recursos donde corresponde. El pueblo será el mayor beneficiario y no duden que estaremos a su lado para acompañar ese reclamo. Es ahora.
Agustín Cantero
Delegado al Comité Nacional de la Juventud Radical