Lo que comenzó como un desesperado pedido de audiencia por parte de familias sin techo terminó en un operativo policial. Entre denuncias de «listas negras», adjudicaciones irregulares y la firme postura de Marcelo Ugelli, Formosa vive horas de alta tensión social.
La sede del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ubicada en el corazón del microcentro formoseño, se convirtió durante las últimas 24 horas en el epicentro de una batalla simbólica y física. No es solo una disputa por ladrillos y cemento; es el estallido de un sistema de adjudicación que miles de ciudadanos denuncian como «agotado y discrecional».
El Preludio: La paciencia agotada
La jornada del lunes amaneció con un clima espeso. Un grupo de aproximadamente 30 mujeres, referentes de hogares monoparentales en su mayoría, decidió que «el tiempo de las notas por mesa de entradas se había terminado». Alrededor de las 10:00 AM, ingresaron pacíficamente al hall central.
Los relatos recogidos en el lugar son desgarradores. «Tengo 52 años, me inscribí cuando nació mi primer hijo que hoy ya me dio nietos. Vi pasar décadas de sorteos y nunca figuro. Pero veo cómo militantes que ayer empezaron a caminar hoy tienen su casa en La Nueva Formosa», expresaba una de las manifestantes antes de que se cortara la comunicación con el exterior.
El asedio interno: Oscuridad y asfixia
A medida que la tarde caía, la estrategia del organismo, bajo la dirección del Ing. Marcelo Ugelli, no fue el diálogo, sino el desgaste. Según denuncias viralizadas a través de transmisiones en vivo por Facebook Live e Instagram Stories, las autoridades ordenaron interrumpir el suministro eléctrico.
En una Formosa que promedia los 40°C de sensación térmica, el edificio se convirtió en una caldera. Sin ventilación y a oscuras, las mujeres —muchas de ellas con bebés en etapa de lactancia— resistieron usando cartones como abanicos. La tensión llegó a su punto máximo cuando la policía provincial estableció un cordón humano impidiendo que familiares desde el exterior ingresaran agua o alimentos, una medida que organismos de Derechos Humanos locales calificaron preliminarmente como «inhumana».
La irrupción del DDR y el «desalojo administrativo»
Pasadas las 02:00 AM, con la ciudad en silencio pero las redes sociales en llamas, llegó la orden judicial del juez Marcelo López Picabea. El cuerpo de elite Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR), conocido por su rigurosidad en operativos de control social, ingresó al edificio.
El operativo fue quirúrgico. Hubo forcejeos, gritos de auxilio y llanto de menores. La ex diputada Gabriela Neme, quien se encontraba en el lugar brindando apoyo legal a las familias, fue una de las principales señaladas por el Gobierno. Entre el estruendo de los escudos y las detenciones, las mujeres fueron retiradas hacia la vereda, donde quedaron a la deriva en plena madrugada.
La respuesta oficial: El discurso de la «Operación Política»
El administrador general del IPV, Marcelo Ugelli, rompió el silencio a través de medios oficiales para sentar la postura del Poder Ejecutivo. Sus declaraciones no buscaron calmar las aguas, sino marcar una línea divisoria:
- Deslegitimación: Ugelli afirmó que los reclamos no son genuinos, sino «instigados por sectores que buscan el caos».
- Cuestionamiento de los perfiles: El funcionario sostuvo que, tras cruzar datos, muchas de las manifestantes «no cumplen con los requisitos de vulnerabilidad» o «pretenden saltarse la fila de miles de formoseños que esperan pacíficamente».
- La «Fila Sagrada»: El discurso oficial insiste en que el sistema de sorteos es transparente, aunque no se brindaron explicaciones sobre las denuncias de viviendas sociales que hoy funcionan como comercios o son alquiladas por terceros, un secreto a voces en la capital provincial.
El impacto social: Una herida que no cierra
En las redes sociales, el apoyo a las «Mujeres del IPV» ha sido masivo, superando el cerco mediático tradicional. Videos del desalojo muestran a efectivos policiales rodeando a madres con hijos en brazos, una imagen que ha calado hondo en la sensibilidad pública.
A esta hora, varias de las participantes del reclamo enfrentan causas judiciales por «coacción agravada» y «atentado a la autoridad». Sin embargo, lejos de amedrentarse, las familias aseguran que esto es solo el inicio de una serie de acampes frente a la Casa de Gobierno.