El diputado nacional Maximiliano Ferraro afirmó que la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya determinó un desvío mínimo de $6.000 millones y pidió que la Justicia avance sobre las responsabilidades políticas del Gobierno nacional.
En declaraciones a Punto a Punto Radio (90.7), el funcionario se refirió al procesamiento de Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados en la investigación que tramitan el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Picardi, y advirtió que el monto detectado surge únicamente de una parte de las contrataciones analizadas.
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Ferraro remarcó que el circuito investigado se reconstruyó a partir de información interna de la propia administración pública, documentación de la Agencia Nacional de Discapacidad y allanamientos realizados durante el segundo semestre de 2025. En ese marco, afirmó: “La Agencia Nacional de Discapacidad fue cooptada por una banda de ladrones en donde llevaban adelante negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública: defraudaron a la administración de manera agravada. La justicia y el propio juez y fiscal han estimado que como mínimo el esquema de sobreprecios y desvíos de fondos alcanzó unos 6.000 millones de pesos. Cada peso que se desvió fue un peso menos para lo que eran las terapias, los acompañamientos y las prestaciones que necesitaban las personas con discapacidad”.
El diputado también apuntó contra el relato oficial sobre la falta de recursos en el área. “Mientras nos decían que no había plata para aumentar el presupuesto en discapacidad, se robaban el 8% de las compras y las contrataciones”, sostuvo.
Ferraro subrayó además que Spagnuolo ocupaba un lugar central dentro del esquema investigado. “No era ningún marginal”, dijo, y recordó que fue abogado del presidente de la Nación y que registra más de 25 ingresos a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada.
Al referirse a la necesidad de ampliar la causa, el legislador planteó que la investigación judicial debe avanzar más allá de los funcionarios ya procesados. “El juez Casanello y el fiscal Picardi tienen que seguir investigando”, expresó.
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En ese sentido, sostuvo que en la Agencia Nacional de Discapacidad se repite un patrón de conducta que ya se observó en otros episodios recientes. “Nosotros observamos un patrón de conducta”, señaló, y mencionó el caso Libra, donde, según indicó, se utilizó la investidura presidencial para un negocio privado que terminó en una estafa.
Ferraro hizo además una apelación directa al espacio oficialista. “La lucha contra la casta no puede convertirse en una excusa y una oportunidad para que haya funcionarios haciendo negocios privados y recibiendo coimas desde el ejercicio del cargo”, afirmó. Y planteó una serie de interrogantes sobre el funcionamiento interno del Estado durante el período investigado: “¿Spagnuolo actuaba solo? ¿Dónde estaba el control del ministro de Salud, Lugones? ¿Dónde estaba el control del jefe de Gabinete?”.