En el marco de una creciente preocupación por la proliferación de maniobras peligrosas en motocicletas, se lanzó en Formosa una campaña institucional de concientización destinada a advertir sobre los riesgos que implican estas prácticas, especialmente entre niños y jóvenes. La iniciativa fue presentada tras una reunión realizada en la Defensoría del Pueblo, con la participación de distintos actores provinciales y municipales vinculados a la seguridad vial.
Durante el encuentro se destacó la decisión de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa de suspender los encuentros de destreza sobre motovehículos conocidos como “Domingrau”, una denominación adoptada en Argentina para una modalidad que tiene su origen en Brasil bajo el nombre de “Grau da Favela”.
El Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, explicó que, tras analizar el desarrollo de estos eventos, no se observaron las “extremas medidas de seguridad” que sus organizadores aseguraban implementar. “Consultamos con expertos que nos señalaron que el lugar elegido no era adecuado para resguardar la seguridad psicofísica de los participantes ni de los ocasionales espectadores”, afirmó.
Los encuentros habían sido promocionados por un grupo de personas como una forma de contención para jóvenes motociclistas y como una oportunidad para regularizar la registración e identificación de los rodados. Sin embargo, desde la Defensoría advirtieron que no se pudo comprobar que estas actividades generaran conciencia sobre los peligros de realizar acrobacias en la vía pública. Por el contrario, se consideró que fomentaban este tipo de conductas, incluso con la proyección de una competencia local que incluiría la participación de motociclistas invitados de Paraguay.
“El riesgo no disminuye por el solo hecho de realizar estas maniobras en un ámbito privado”, subrayó Gialluca, quien remarcó que no se puede naturalizar la participación de niños y jóvenes en prácticas donde la regla es ejecutar acrobacias que ponen en peligro la integridad física de los involucrados.
En ese sentido, recordó que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 prohíbe expresamente la realización de maniobras peligrosas que comprometan la seguridad de conductores y terceros, transportados o no, ya que la vida y la integridad psicofísica son valores supremos protegidos por el ordenamiento jurídico.
Campaña de
concientización y
reclamos vecinales
Como parte de la respuesta institucional, la Defensoría inició una campaña de concientización sobre los peligros que conllevan estas prácticas, mediante la colocación de afiches en distintos espacios públicos y la difusión de mensajes preventivos. Además, se trabaja de manera articulada con áreas de seguridad vial para evaluar posibles medidas regulatorias.
El Ombudsman señaló que vecinos de distintos barrios se encuentran en estado de alerta ante la expansión de esta modalidad entre jóvenes motociclistas. A través de redes sociales, ciudadanos comparten textos, fotos y videos que muestran acrobacias realizadas tanto en calles como en rutas de la ciudad, muchas veces en horarios nocturnos.
Los reclamos también apuntan a que determinadas calles y avenidas se transforman en pistas improvisadas para picadas y maniobras con contraexplosiones, generando ruidos molestos y contaminación acústica que afectan especialmente a personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores y vecinos en general.
Regulación versus
prohibición
Si bien la prohibición de los “Domingrau” podría ser una medida inmediata, desde la Defensoría se advirtió que ello no resolvería el problema de fondo. Existe el riesgo de que la actividad se traslade a otros sectores o adopte formas más clandestinas, incrementando el peligro.
En contraposición, se planteó la posibilidad de analizar una regulación estricta en espacios debidamente habilitados, donde solo participen mayores de edad y se extremen las condiciones de seguridad, transformando la práctica en una disciplina deportiva controlada. Entre los beneficios señalados se encuentran mayor protección para participantes y espectadores, reducción de conflictos con las autoridades y la generación de un ámbito adecuado para canalizar esta expresión juvenil.
En este contexto, se consideró que el Consejo Deliberante podría intervenir para evaluar una normativa específica que ordene la actividad, equilibrando las demandas de la comunidad con la necesidad de preservar el orden y la seguridad pública.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo remarcaron que cualquier decisión deberá contemplar tanto el acompañamiento de los organismos especializados en seguridad vial como los reclamos de vecinos, padres y tutores, quienes exigen controles más eficaces frente a una problemática que, según señalaron, hoy se encuentra desregulada y representa un riesgo concreto para toda la comunidad.