La toma de espacios del edificio del Instituto Provincial de la Vivienda por parte de algunos dirigentes de la oposición, mezclándose con la legítima necesidad de personas realmente vulnerables el día lunes pasado, es un hecho gravísimo que no puede relativizarse.
No se trató de una protesta espontánea ni genuina. Hubo conducción política clara, puesta en escena y una búsqueda deliberada de conflicto. Dirigentes opositores con cargos institucionales y de mandato cumplido junto a demás operadores políticos se colocaron al frente de la situación, sobreactuando roles ajenos y empujando a la gente a un escenario que no les trae ninguna solución concreta.
A este escenario se suman nuevos actores: quienes montan un sistema de comunicación en redes sociales. Con celulares en mano, filman, editan y viralizan fragmentos del conflicto; construyen relatos parciales y, a partir de ese primer encuentro, organizan nuevas concentraciones para el día siguiente en los lugares donde están las viviendas. No buscan soluciones: buscan impacto, “me gusta”, comentarios y seguidores. La necesidad real de la gente se convierte así en contenido, y el conflicto social en mercancía política y digital.
Es necesario reiterar vagamente, con la información pública disponible, cómo funciona el acceso a la vivienda. Existe un sistema de inscripción digital con fecha determinada de apertura y cierre. Luego se revisan los datos presentados y las y los postulantes que «cumplen» con lo exigido en ésta instancia, pasan a integrar una lista para participar de un sorteo público, con escribanos y autoridades del sector presentes en la sala de sorteo del IAS.
Quienes resultan favorecidos deben presentar posteriormente, por mesa de entrada del IPV, toda la documentación exigida y recibir en el lugar donde habitan en ése momento historicp a un asistente social que verifique su situación habitacional. Es en algunas de estas instancias donde muchas personas quedan sin posibilidad de acceso por no cumplir los requisitos o por haber falseado datos en la inscripción inicial.
Mientras tanto, son miles las familias que esperan de manera ordenada el próximo sorteo.
El apriete, el acoso, la coacción, la amenaza permanente y la ocupación de edificios públicos no pueden ni deben ser considerados métodos válidos para acceder a un derecho. Ningún gobierno responsable puede legitimar ese camino, porque hacerlo sería habilitar la lógica del “vale todo”.
Las acciones violentas, individuales o colectivas, deben recibir la sanción que establece la ley. De lo contrario, se envía un mensaje peligroso: que la presión y el conflicto reemplazan a las normas y a las instituciones.
Desde estas líneas humildemente y con mucho respeto insisto a la ciudadanía: no se deje usar. No permita que nadie la lleve de la nariz para cumplir objetivos políticos personales y familiares.
Las y los dirigentes, sean opositores u oficialistas, que empujan estas situaciones suelen terminar beneficiándose más adelante con cargos y sueldos que nada tienen que ver con la necesidad del pueblo, mientras usted queda expuesto a causas judiciales y frustraciones personales.
No se pretende aquí deslegitimar reclamos ni protestas. Todo lo contrario.
Pero cuando a una protesta se le arrima un dirigente partidario, del color político que sea, casi nunca es para ayudar: es para capitalizar la bronca, usar la imagen y sacar ventaja. Y cuando además se transforma el reclamo en espectáculo para redes sociales, el daño es doble.
La oposición política de Formosa busca abiertamente la intervención de la provincia y utiliza a la gente en estado de vulnerabilidad alguna, como herramienta para ese fin.
Las imágenes de lo ocurrido en el IPV, en cualquier momento, van a circular por los canales porteños que históricamente operan contra Formosa.
Eso no le va a acercar a nadie la vivienda y demás que necesita.
Si se sigue por este camino, esto termina mal.
Un abrazo fraterno.
J. R. Lezcano
Nuevo Encuentro Formosa