La Justicia federal de San Isidro dictó un revés procesal para tres mujeres señaladas como piezas claves en la organización criminal que extorsionó al soldado Rodrigo Gómez, el joven de 21 años que se suicidó en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la residencia presidencial de Olivos.
La magistrada Sandra Arroyo Salgado rechazó los pedidos de excarcelación de las detenidas, en sintonía con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, al considerar la gravedad del hecho y el riesgo de entorpecimiento de la causa.
La investigación determinó que la banda funcionaba con una división de tareas precisa. Mientras tres hombres lideraban las maniobras desde los penales de Magdalena y Olmos utilizando teléfonos celulares, las mujeres detenidas actuaban como “recaudadoras”.
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En la banda también actuarían una cuarta mujer y varias personas más, que aún no fueron identificadas.
El rol de las mujeres detenidas consistía en retirar el dinero que las víctimas –captadas mayormente a través de aplicaciones de citas– pagaban bajo presión para evitar la difusión de contenido íntimo.
“Lo más preocupante es que esto no es novedoso”, advirtió la jueza Arroyo Salgado, quien calificó el uso irrestricto de celulares en las cárceles como un “arma letal”.
Según la causa, la organización operó al menos entre diciembre de 2025 y febrero de este año, aunque se sospecha de múltiples hechos aún no esclarecidos.
Tragedia en la garita. El caso tomó relevancia nacional el 16 de diciembre, cuando el cuerpo de Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, fue hallado en una de las garitas de la quinta de Olivos.
Antes de quitarse la vida, el joven dejó una carta desgarradora: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga”, escribió, evidenciando la asfixia económica y psicológica a la que era sometido por los extorsionadores.
Pruebas y peritajes. Al negar la libertad de las imputadas, el fiscal Iuspa subrayó la “estructura coordinada” de la banda y su capacidad de intimidación.
La fiscalía teme que, de ser liberadas, las acusadas puedan amedrentar a otros damnificados que aún no se han animado a denunciar.
Actualmente, la investigación se centra en el peritaje de los teléfonos secuestrados. Los investigadores buscan identificar a otros integrantes de la red y determinar el volumen total de dinero recaudado a través de esta modalidad de “sextorsión” que terminó cobrándose la vida de un servidor público en pleno ejercicio de sus funciones.