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El Dr. Javier Vargas, representante legal de los sospechosos, desglosó las inconsistencias de un proceso que mantiene en vilo a la provincia. Mientras Carlos Aguilar recuperó la libertad, la defensa denuncia que la continuidad de la detención de Torres carece de sustento fáctico y responde a la presión de un expediente que se queda sin culpables.
La semana pasada marcó un hito en la investigación por la muerte de Xiomara Portillo. La liberación de Carlos Aguilar, padrastro de Joaquín Sebastián Torres, abrió un nuevo interrogante en la opinión pública: si ambos fueron procesados bajo la misma resolución, ¿por qué uno regresó a su hogar mientras el otro permanece tras las rejas?
El Dr. Javier Vargas, abogado de la familia, no ocultó su malestar ante lo que considera una aplicación arbitraria de los tiempos procesales.
El eje de la controversia radica en el auto de procesamiento dictado recientemente. Según el Dr. Vargas, la justicia parece transitar un camino de contradicciones técnicas que afectan directamente el derecho a la libertad de su defendido, Joaquín Torres.
“La resolución es clara. En su artículo 1 establece procesar a ambos, ¿no? Sin prisión preventiva. Es decir, se entiende que deben salir automáticamente en libertad. Así lo dispuso con Carlos Aguilar y no entendemos por qué en la misma resolución no impuso la libertad inmediata de Joaquín”, explicó el letrado con firmeza.
Esta disparidad llevó a la defensa a presentar un Habeas Corpus el pasado domingo, solicitando además el apartamento del juez de la causa para entender en dicho recurso. La lógica es simple pero contundente: no puede ser el mismo magistrado quien decida sobre una restricción que él mismo ha convalidado. “Es juez y parte como se dice entre comillas”, sentenció Vargas.
Ante las críticas de ciertos sectores sociales que exigen celeridad o cuestionan el rol de los abogados defensores, Vargas fue enfático en que la justicia no se logra con medidas de fuerza, sino con rigor técnico. El abogado detalló que la libertad de Aguilar no fue una concesión gratuita del tribunal, sino el resultado de un “bombardeo” de escritos judiciales durante la feria.
“Nuestra tarea es sentarnos, ver las opciones que tenemos, las alternativas que nos da el Código Procesal y el Penal y en base a eso ir viendo los escritos, la estrategia que conviene a nuestro entender. Solo sentándome en la computadora y confeccionando ese escrito es que voy a lograr revertir una decisión judicial”, detalló.
Dr. Javier Vargas
La defensa enumeró las acciones tomadas: pedidos de sobreseimiento en diciembre, pronto despacho en enero, quejas por retardo de justicia y, finalmente, el recurso de Habeas Corpus. Para Vargas, estas son las únicas herramientas legítimas para “emplazar a su señoría para que resuelva”.
Uno de los puntos más oscuros de la causa sigue siendo la prueba pericial. Se ha hablado con insistencia de rastros de ADN hallados bajo las uñas de Xiomara Portillo, lo que indicaría un acto de defensa antes de su muerte. Sin embargo, el acceso a estos resultados ha sido fragmentado.
“Lo que liberó a Aguilar y creemos que va a liberar a Joaquín fueron las medidas que nosotros solicitamos durante el periodo de feria. Recién ahora formalmente están incorporados los ADN y ahora recién nosotros vamos a poder acceder a esa información a partir de mañana”, aclaró Vargas, desmitificando que una sola prueba haya sido la “llave” de la celda de Aguilar.
A esto se suma la misteriosa desaparición de una pista clave: el conductor de una plataforma de transporte (Uber) que presuntamente trasladó a la joven. “Hasta el momento, la fiscalía se ha centrado en nuestros defendidos. No tenemos ningún indicio de quién puede ser esta persona, tampoco están incorporados formalmente los informes de GPS o geolocalización”, denunció el abogado.
Quizás el argumento más fuerte de la defensa reside en la logística del hallazgo del cuerpo. Vargas sostiene que es físicamente imposible que sus defendidos hayan ocultado y luego trasladado el cadáver de Xiomara sin ser detectados.
“El día 21 ya estaban vigilados por la policía ante el riesgo de fuga. El día 23 la persona que encontró el cuerpo pasó por el mismo lugar y no halló nada, lo que indica que el cuerpo fue puesto en ese lugar a posteriori. ¿Cómo dos personas que no tienen un móvil, que no saben manejar auto, hayan podido trasladar el cuerpo hasta ese lugar sin ser detenidos por la policía?”, cuestionó, calificando la acusación de “casi absurda”.
La causa Xiomara Portillo sigue siendo una gran incógnita. Con un ADN que aún no encuentra dueño y un «Uber» que nadie identifica, la justicia se encuentra en una encrucijada: mantener un procesamiento que parece «flojo de papeles» o admitir que los verdaderos autores podrían seguir libres. (Fuente: Formosa Express)