En una entrevista de alto impacto emocional y político para el programa “Algo Está Pasando” (FM VLU 88.5, Grupo de Medios TVO), conducido por Fernando López y Daniel Moreira Viera, se revelaron los pormenores de un caso de violencia infantil que roza lo inhumano. Liliana Agüero, la vecina de Clorinda cuya valentía rompió el silencio, describió un escenario de tortura sistemática frente al cual, según su denuncia, las instituciones provinciales reaccionaron con una burocracia paralizante.
El infierno en el Barrio Toba: Un relato de torturas y omisiones
La tragedia se gestaba en una vivienda del Barrio Toba, a diez cuadras del 25 de Mayo. Allí, dos hermanos de 4 y 6 años vivían bajo el yugo de una pareja que, lejos de brindarles cuidado, los sometía a castigos físicos propios de una película de terror. Según Agüero, la motivación detrás de la supuesta «adopción» era meramente económica: “Ella los adoptó por el tema del sueldo. Los chicos tienen dos sueldos. La señora Mercedes es una zángana y el marido también es un zángano que no trabaja”.
El detalle de las lesiones que presentaba la niña de 4 años, actualmente internada en estado delicado, es desgarrador: “Tiene hundimiento de cráneo, tiene sellado el cinto en la frente, tiene quemaduras con agua hervida porque le hacía cebar mate y, si no le gustaba, le tiraba el agua hervida. Tiene golpes internos y externos al 100%”. El mayor, Gabriel, un niño de 6 años con diagnóstico de autismo, sufrió consecuencias físicas igual de severas: “Tiene desprendimiento de estómago, del bazo… todo esto por los golpes. Tiene cortes en la cara y le pegaba con ‘la gotita’”.
La inoperancia del protocolo: «La jueza trabaja el lunes»
Uno de los puntos más indignantes de la crónica periodística fue la reconstrucción de la línea de tiempo desde la denuncia hasta el rescate. Agüero relató que el viernes a las 17:30 horas solicitó auxilio policial de manera desesperada. Sin embargo, la patrulla recién arribó a las 21:30 horas. El motivo de la demora fue el famoso «protocolo» y la falta de una orden judicial inmediata.
“Me pidieron que primero haga la denuncia. Yo les decía: ‘¿Cómo primero? Necesito que saquen a esos niños’. Me contestaron que no, que la jueza trabaja el lunes. Les dije que el lunes los chicos no van a amanecer. Por favor, pedí, supliqué, imploré”, narró Liliana ante la consternación de los conductores.
La intervención finalmente se concretó el sábado a las 11 de la mañana, casi por accidente, cuando los vecinos interceptaron a la agresora intentando huir con los menores en un remís. Incluso en ese momento, la negligencia persistía: “La subcomisario decía que los chicos estaban bien, que iban a un cumpleaños. ¡Tenían ropa y mochila, los tenían que llevar al hospital! El asistente social tuvo que exigir que se los suba al patrullero”.
Impunidad en libertad: Fianza y fuga a Puerto Elsa
La indignación escaló cuando se supo que la pareja agresora —ella cursando un embarazo— fue liberada a las pocas horas tras pagar una fianza. Según Liliana, al regresar al barrio, se burlaron de los vecinos que los habían denunciado: “Llego yo y se empiezan a reír, a burlarse, que ellos son los que mandan. Yo no sabía en ese momento que el señor estaba en libertad. La subcomisario, burlándose en mi cara, me dice: ‘Pero si él está libre, está ahí adentro’”.
Ante la falta de medidas de restricción efectivas, los sospechosos aprovecharon para cruzar la frontera: “Estaban ya libres y se fueron a Puerto Elsa (Paraguay). Yo tengo la dirección, fui y verifiqué. Entraron en una casa que no está ocupada y están ahí”.
Reflexión editorial: ¿Qué pasa en el «epicentro» Clorinda?
Tras la entrevista, Fernando López y Daniel Moreira Viera analizaron la recurrencia de estos casos en la segunda ciudad de la provincia. Mencionaron nombres que aún duelen en la memoria colectiva: Nataniel Rolón (asesinado por su padrastro tras haber sido este liberado previamente por la justicia) y Natasha Abigail Galeano.
“Clorinda es la repetición en menos de un año de episodios parecidos. La muerte de Nataniel se pudo haber evitado si la justicia hacía lo que tenía que hacer. Acá no la terminaron matando por suerte, porque intervinieron los vecinos”, señaló López.
Los periodistas criticaron duramente la falta de respuestas de los organismos estatales:
- La falla judicial: Una estructura que prioriza los horarios de oficina sobre la vida de un menor en riesgo.
- El discurso oficial: El contraste entre los «paneles y fotos» de los funcionarios y la realidad de abandono en el territorio.
- El silencio institucional: “Se escudan detrás de los niños diciendo que no pueden ‘revictimizarlos’ para no salir a dar explicaciones de lo que tendrían que haber hecho y no hicieron”.
Un grito de alerta
Liliana Agüero cerró la nota con una advertencia contundente, responsabilizando a la justicia por su integridad y la de su familia tras recibir amenazas por denunciar: “Yo no me voy a callar. En Clorinda, el 70% de los niños son maltratados y todos se callan por miedo a la policía. Los niños clorindenses están abandonados”.
Actualmente, los menores se recuperan en el Hospital de la Madre y el Niño en Formosa Capital, mientras la comunidad exige que el «protocolo» deje de ser una excusa para la desidia y se convierta en una herramienta de protección real.