En un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno Nacional y las administraciones provinciales, el sistema educativo de Formosa se encuentra bajo la lupa. El eje del conflicto es un video viralizado donde niños de primaria protagonizan un intercambio con el gobernador Gildo Insfrán, lo que ha sido interpretado por las autoridades nacionales como una vulneración a la neutralidad escolar.
Denuncia de adoctrinamiento en el ámbito escolar
El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, ha tomado una postura firme frente a los hechos ocurridos en la EPEP N° 548 «Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez». Según la cartera nacional, el acto de inauguración del establecimiento no fue una ceremonia civil corriente, sino que «quedó expuesto como escenario de promoción político-partidaria y propaganda relativa a la gestión provincial, con alumnos de primaria como protagonistas y la participación activa del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán».
La controversia escaló tras la difusión de un material audiovisual en el que un grupo de alumnos entrevista al mandatario. Para el Ministerio, el contenido de dicha entrevista no fue espontáneo ni pedagógico. «En la grabación los alumnos formulan comentarios y preguntas con una marcada carga de propaganda político-partidaria relativa a las acciones del gobierno provincial y a la figura del gobernador, con expresiones orientadas a enaltecer su imagen», sostiene el comunicado oficial.
Gravedad institucional y derechos del niño
La Secretaría de Educación, dependiente de Capital Humano, remitió una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, manifestando su preocupación por lo que consideran una falta ética y legal grave. En el documento se subraya que «la utilización del ámbito educativo para exaltar a una autoridad en funciones constituye un hecho de gravedad institucional».
El argumento central de la Nación radica en que la exposición de menores en actos de esta naturaleza «vulnera el principio de neutralidad que debe regir en las instituciones educativas y compromete la libertad de conciencia de los alumnos». De acuerdo con la visión oficial, el aula debe ser un espacio de pensamiento crítico y no una plataforma de culto a la personalidad de los funcionarios públicos.
El sustento legal del reclamo nacional
Para dar fuerza jurídica a la exigencia de explicaciones, la Secretaría de Educación citó una amplia gama de normativas que protegen a los menores de edad. En primer lugar, se hizo mención a la Constitución Nacional y a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual «reconoce el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento».
Asimismo, la nota oficial hace hincapié en la Ley N° 26.206 de Educación Nacional. El Ministerio recordó que esta norma, en su artículo 126, «reconoce el derecho de los alumnos a ser respetados en su libertad de conciencia y a ser protegidos contra toda agresión psicológica». A esto se suma el reciente Decreto 1086/24, que es contundente al establecer que «la imposición de una manera de pensar político-partidaria en el ámbito educativo vulnera su dignidad, su integridad personal y sus derechos a la educación y la libertad».
Pedidos de informe y medidas a seguir
El Gobierno Nacional no se ha limitado a la queja mediática, sino que ha solicitado precisiones técnicas y administrativas a la provincia de Formosa. Entre los puntos que el ministro Araoz deberá responder, se destacan:
- «Si se inició una investigación para esclarecer los hechos».
- «Qué medidas se adoptarán respecto de las autoridades que habrían permitido u organizado las actividades».
- «Con qué mecanismos cuenta el ministerio provincial para prevenir o sancionar situaciones de adoctrinamiento político-partidario».
- «Qué protocolos se aplican o aplicarán para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en los establecimientos educativos».
Este pedido de informes marca un precedente en la supervisión de los contenidos y las formas en las que se ejerce la política dentro de los establecimientos educativos provinciales, reabriendo el debate sobre los límites entre la formación ciudadana y la propaganda partidaria.