El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, cuestionó duramente las recientes medidas del Gobierno nacional vinculadas al sistema de pensiones por discapacidad y denunció que el Presupuesto Nacional no contempla las partidas exigidas por la legislación vigente para garantizar los derechos de este sector.
Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión de trabajo realizada en la sede de la Defensoría del Pueblo de la provincia, en la ciudad de Formosa, donde autoridades provinciales, representantes de organizaciones y funcionarios analizaron el alcance de nuevas disposiciones nacionales que podrían impactar en los beneficiarios de pensiones no contributivas.
Del encuentro participaron la titular de la Dirección de Personas con Discapacidad, Susana Jara; la presidenta de la Asociación Camino Azul TEA Formosa, Florencia Santa Cruz; el diputado provincial Hugo Arrúa; y la asesora legal del Instituto de Pensiones Sociales, Norma Chávez.
También estuvieron presentes el secretario letrado del organismo, José Porfirio García, junto a asesores legales de la institución.
Cuestionamientos a
nuevas medidas
nacionales
Durante la reunión se analizó la reciente Resolución Nº 1/2026 de la Secretaría de Discapacidad, emitida por la nueva Secretaría de Discapacidad, organismo que reemplazó a la anterior Agencia Nacional de Discapacidad.
Los participantes manifestaron preocupación por lo que consideran un retroceso en la concepción de las políticas públicas hacia las personas con discapacidad. Según señalaron, la disolución de la estructura autónoma de la agencia y su incorporación al ámbito del Ministerio de Salud implicaría volver a un enfoque centrado únicamente en aspectos biológicos, dejando de lado las condiciones sociales y económicas que atraviesan quienes viven con alguna discapacidad.
En ese contexto, Gialluca afirmó que la normativa podría representar “un nuevo avance en la quita de beneficios” para titulares de pensiones no contributivas por discapacidad.
Denuncian
auditorías
irregulares
El defensor del Pueblo sostuvo además que la resolución establece un mecanismo de revisión de pensiones que calificó como “auditorías encubiertas”. Según explicó, cualquier proceso de este tipo debería surgir con la intervención del Consejo Federal de Discapacidad, tal como lo establece la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.
Dicha norma, aprobada por el Congreso de la Nación, fija presupuestos mínimos para la realización de auditorías y busca evitar que se repitan los procedimientos que —según señalaron— se llevaron adelante en 2025 y que fueron ampliamente cuestionados por organizaciones y organismos de defensa de derechos.
En la misma línea, Gialluca también criticó el Decreto Nº 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, al considerar que su artículo 12 autoriza a la Secretaría de Discapacidad a implementar revisiones sin la intervención del Consejo Federal y sin el debate legislativo correspondiente.
Pedido de nulidad y
defensa de derechos
Ante este escenario, el defensor del Pueblo informó que desde el organismo se solicitó formalmente dejar sin efecto las normativas mencionadas, por considerarlas “nulas e inconstitucionales”.
Según expresó, el reclamo apunta a que se respete el orden jurídico establecido por la Constitución y las leyes nacionales, que se encuentran por encima de los decretos del Poder Ejecutivo y de las resoluciones administrativas.
Gialluca remarcó que la preocupación central radica en el posible impacto de estas medidas sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con discapacidad, especialmente aquellas que reciben pensiones no contributivas debido a limitaciones para trabajar.
“Estas pensiones no son un gasto más dentro del presupuesto, sino un ingreso fundamental para garantizar la subsistencia mínima de miles de personas”, advirtió.
Finalmente, el funcionario señaló que la falta de previsiones presupuestarias para el área en el Presupuesto Nacional podría derivar en recortes que afecten directamente a los beneficiarios, en un contexto económico y social que —según indicó— se vuelve cada vez más complejo para gran parte de la sociedad argentina.