En una entrevista profunda y reveladora concedida al programa radial “Algo Está Pasando”, emitido por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, la Dra. Silvana Adalid Jarzynski, Jueza de Menores de la Primera Circunscripción Judicial, desmenuzó los alcances de la ley recientemente promulgada que establece un nuevo paradigma en la justicia penal para adolescentes. Bajo la conducción de Fernando López y la colaboración de Daniel Moreira Viera, el aire de la mañana formoseña fue testigo de un análisis técnico que pone bajo la lupa la viabilidad de una normativa que promete cambiar las reglas de juego para menores de entre 14 y 18 años.
El Reloj de la Justicia: 180 Días de Cuenta Regresiva
La primera aclaración de la magistrada sirvió para calmar las aguas sobre la inmediatez de la aplicación. Si bien la ley ya es una realidad tras su publicación en el Boletín Oficial, su ejecución no será de un día para el otro. “La ley entra en vigencia dentro de 180 días de su publicación”, precisó la Dra. Jarzynski, marcando una hoja de ruta que sitúa el inicio pleno del sistema hacia septiembre del año en curso.
Durante este semestre de transición, la justicia seguirá operando bajo la actual Ley 22.278. Sin embargo, la jueza advirtió sobre la coexistencia de sistemas que se producirá en el futuro próximo: “Los expedientes que fueron iniciados con la ley 22.278… van a coexistir estas dos legislaciones durante un tiempo”, señalando que el principio de la ley penal más benigna será el faro que guíe las decisiones judiciales ante cualquier zona gris.
Infraestructura Crítica: El Gran Interrogante de Formosa
Uno de los puntos de mayor tensión en el diálogo radial fue la capacidad real de la provincia para albergar a menores bajo este nuevo régimen. La normativa es taxativa: los adolescentes no pueden estar en contacto con adultos. Ante la consulta sobre si los centros actuales son suficientes, la magistrada fue contundente respecto al Centro de Alojamiento de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caiju).
“El Caiju es un lugar de alojamiento… que no tiene la estructura para pasar a ser un servicio penitenciario”, sentenció la jueza.
La Dra. Jarzynski explicó que la ley exige condiciones edilicias muy específicas que hoy no se cumplen en las dependencias existentes. “Las alcaldías no podrían hacer los lugares porque está expresamente prohibido que no se pueden compartir los espacios”, aclaró, dejando entrever que estos 180 días representan un desafío logístico titánico para el Poder Ejecutivo provincial y judicial en términos de inversión y construcción.
Especialización y Reinserción: Mucho más que «Cárcel de Menores»
El debate en “Algo Está Pasando” también giró en torno al recurso humano. No basta con muros más altos; la ley exige un cambio de mentalidad en quienes custodian a los jóvenes. “Las personas que estén acá en estos lugares tienen que estar preparados… deben tener conocimiento en derecho penal juvenil, Convención sobre los Derechos del Niño y sistema de protección”, subrayó la magistrada.
La jueza destacó que el espíritu de la ley no es meramente punitivo. El objetivo final debe ser la “reinserción social”. Para ello, los nuevos centros deben garantizar:
- Acceso a la educación formal obligatoria.
- Capacitación en oficios para el futuro laboral.
- Tratamientos médico, psicológico y psiquiátrico constantes.
- Control estricto de medidas complementarias a través de la figura del «supervisor».
Estadísticas vs. Percepción Social
En un momento de gran lucidez técnica, la Dra. Jarzynski —quien integra el Foro Penal Juvenil de la Junta Federal de Cortes— aportó datos que contrastan con el clamor por el endurecimiento de penas. Reveló que en los últimos cuatro años la cantidad de delitos cometidos por adolescentes ha mostrado una tendencia a la baja.
“La mayoría de los delitos que cometen los adolescentes en las fracciones etarias que entran ahora bajo este régimen son delitos contra la propiedad: hurto, robo, tentativa. No son delitos graves”, explicó. No obstante, reconoció que para los delitos que sí revisten gravedad (como homicidios o abusos), la ley establece ahora un marco de imputabilidad desde los 14 años, aunque con un resguardo constitucional: “Tiene un tope que son los 15 años como tope máximo” de pena privativa de libertad, eliminando así cualquier posibilidad de penas perpetuas o de carácter indefinido.
Un Camino de Incertidumbres
Al finalizar la entrevista, los conductores Fernando López y Daniel Moreira Viera reflexionaron sobre la magnitud del cambio. La sensación térmica en el estudio quedó marcada por una pregunta inquietante: ¿Se puede construir en seis meses lo que no se hizo en décadas?
“No es que cualquier menor, automáticamente va preso”, analizaron en la mesa de FM VLU, resaltando que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible. Sin embargo, el «nudo gordiano» sigue siendo el lugar de alojamiento. Sin personal especializado y sin edificios que separen tajantemente a un joven de 14 años de un adulto reincidente, la aplicación de la ley en Formosa corre el riesgo de enfrentarse a constantes planteos judiciales por incumplimiento de las garantías básicas que la misma norma consagra.
La Dra. Jarzynski cerró su participación dejando en claro que este es un “proceso de implementación donde tenemos que comenzar a trabajar para que el día que entre en vigencia… tengamos los elementos para aplicarla”. El reloj ya está corriendo.