La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa intimó al Ministerio de Economía de la Nación, al PAMI y a la Unidad de Gestión Local (UGL) Formosa a normalizar las deudas que mantienen con las farmacias, ante los fuertes atrasos en los pagos que podrían derivar en restricciones en la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.
La medida fue impulsada desde la Dirección de Salud y Medicamentos del organismo provincial y está dirigida al director nacional del PAMI, Esteban Leguízamo, al titular de la UGL Formosa, Héctor Brizuela, y al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, advirtió que los atrasos en los pagos a las farmacias que prestan servicios al PAMI afectan el normal funcionamiento de estos establecimientos y complican la reposición de medicamentos.
Según señaló, si la situación se mantiene podría originar restricciones o incluso cortes en la provisión de medicamentos y en la atención de servicios esenciales para adultos mayores.
Deuda millonaria y
ruptura en la cadena
de pagos
De acuerdo con datos aportados por el organismo provincial, la deuda acumulada del PAMI con farmacias de todo el país rondaría los 10.000 millones de pesos, lo que provocó la ruptura de la cadena de pagos del sector.
Esta situación deja a muchas farmacias sin fondos para reponer stock, ya que deben pagar a las droguerías en plazos muy breves. En general, los medicamentos se adquieren semanalmente y las farmacias cuentan con unos 15 días para cancelar esas compras.
Referentes de las distintas cámaras farmacéuticas indicaron que el problema no es nuevo y comenzó a agravarse a mediados del año pasado, cuando el PAMI informó que había agotado su presupuesto y que dependía de transferencias del Ministerio de Economía para cumplir con sus compromisos.
“Cuando el afiliado llega con la receta busca el medicamento indicado por su médico, pero nosotros debemos afrontar los pagos a las droguerías sin haber recibido el dinero del PAMI”, explicaron desde el sector.
Trámites y controles
que afectan a jubilados
En paralelo al problema financiero, farmacéuticos también manifestaron preocupación por los nuevos controles implementados por el PAMI para acceder a la cobertura total de medicamentos.
Si bien consideraron que las auditorías son necesarias, sostienen que los procedimientos administrativos se volvieron demasiado complejos, especialmente para los adultos mayores.
“Hay varios pasos muy engorrosos y muchas veces quienes diseñan estas normas desde una oficina en Buenos Aires no conocen la realidad de una farmacia del interior”, señalaron.
En ese sentido, indicaron que muchos jubilados deben regresar al médico por errores en las recetas o realizar trámites digitales que les resultan difíciles de completar. Esto implica conseguir turnos, trasladarse y afrontar gastos adicionales que en muchos casos no pueden asumir.
Impacto en
farmacias
del interior
La situación se vuelve más crítica para las farmacias pequeñas, sobre todo las ubicadas en barrios o localidades del interior donde existe una sola farmacia o ninguna cadena.
Cuando los pagos del PAMI se retrasan, las droguerías reducen el crédito disponible para estos comercios, lo que limita la compra de nuevos medicamentos.
En esos casos, los afiliados muchas veces deben recurrir a familiares o servicios de paquetería para retirar los medicamentos en la capital y enviarlos a sus localidades, lo que genera costos adicionales para jubilados y pensionados.
El problema se vuelve aún más grave en tratamientos crónicos o de alto costo. Por ejemplo, una sola receta de insulina puede superar el millón de pesos y, según señalaron desde el sector, actualmente muchas farmacias están financiando estos medicamentos sin recibir el pago correspondiente.
Aumentos en
medicamentos
Gialluca también advirtió que, además de los atrasos en los pagos, hubo modificaciones en el sistema de cobertura del PAMI que incrementaron el aporte de los afiliados.
Medicamentos de venta libre
A esto se suma el fuerte aumento registrado en los medicamentos de venta libre durante 2024, con subas que superaron el 300%, lo que impactó directamente en el consumo y en la economía de los adultos mayores.
Ante este escenario, desde la Defensoría del Pueblo reclamaron la urgente regularización de los pagos para garantizar el acceso a los medicamentos y evitar que la crisis financiera del sistema termine afectando la atención de los jubilados.