La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa cuestionó las afirmaciones de la Oficina del Presidente de la Nación respecto a la responsabilidad de las provincias en el aumento de las tarifas eléctricas. El ombudsman provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, sostuvo que dichas declaraciones son “infundadas y temerarias”, y advirtió que se está brindando información errónea a la ciudadanía.
Gialluca remarcó que la electricidad “no es un consumo opcional, sino un servicio esencial”, por lo que consideró fundamental que la información sobre su costo sea clara y completa. En este sentido, explicó que el incremento en las facturas no responde a una única causa, sino a una estructura tarifaria en la que el 80% del valor depende de los costos de generación y transporte, definidos por el Gobierno nacional, mientras que el 20% restante corresponde a la distribución, a cargo de las provincias.
Desde el organismo provincial rechazaron la idea de que las tarifas se encarecen por decisiones locales. En el caso de Formosa, aclararon que no existen tributos provinciales ni tasas municipales en las facturas eléctricas, más allá del IVA que también recauda la Nación.
El funcionario señaló además que el precio de la energía se compone de tres segmentos: generación, transporte y distribución. Los dos primeros son fijados exclusivamente por la Secretaría de Energía de la Nación, mientras que las distribuidoras provinciales solo determinan el Valor Agregado de Distribución (VAD).
En ese marco, Gialluca afirmó que el Gobierno nacional “oculta o distorsiona” información clave, como el hecho de que actualmente los usuarios pagan el 72% del costo real de la energía, mientras que el Estado cubre apenas el 28%. Esta situación, indicó, surge de un informe técnico elaborado por la Universidad de Buenos Aires y el Conicet, que evidencia una fuerte reducción de los subsidios energéticos en términos reales durante los primeros meses de 2026.
El ombudsman también explicó que desde enero se modificó el esquema de subsidios, pasando de un sistema segmentado en niveles a uno de “subsidios focalizados”, que divide a los usuarios entre quienes reciben o no asistencia estatal. Este cambio implica menos kilovatios subsidiados por mes y un aumento en el costo del consumo excedente.
Según el cuadro tarifario de febrero de 2026, para consumos de entre 700 y 1400 kWh —los más frecuentes en la región por las altas temperaturas— el precio es de $180,18 por kWh para usuarios sin subsidio y de $86,20 para quienes sí lo reciben.
La situación podría agravarse aún más en marzo, ya que se reduciría el beneficio para zonas muy cálidas, pasando de 550 a 150 kWh subsidiados mensuales, lo que impactaría directamente en el monto final de las facturas. Ante este escenario, distribuidoras del NEA solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación que se extienda el beneficio para evitar valores “impagables”.
Finalmente, Gialluca advirtió que, en un contexto de búsqueda de equilibrio fiscal, el Gobierno nacional está trasladando los costos de producción directamente a los usuarios, lo que profundiza la vulnerabilidad de los hogares frente a la pérdida del poder adquisitivo y el incremento sostenido de las tarifas eléctricas.