Una propuesta elaborada por miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destinada a reformar el procedimiento de selección de jueces, ha generado una reacción positiva en sectores académicos y profesionales del derecho. La iniciativa, que ya fue girada al Consejo de la Magistratura para su análisis, apunta a introducir mayores criterios objetivos y disminuir los márgenes de subjetividad que han caracterizado históricamente estos concursos.
Un llamado a priorizar la idoneidad
Especialistas consultados coincidieron en señalar que el núcleo del proyecto radica en fortalecer los mecanismos que garantizan el acceso a la magistratura basado en la capacidad y la trayectoria. «Es un aporte significativo para contar con jueces independientes. La etapa en el Consejo debe estar guiada por lo técnico, reservando la discrecionalidad política constitucional para la posterior elección presidencial entre las ternas», explicó un reconocido jurista con experiencia en la materia.
Límites a la discrecionalidad
Uno de los puntos más destacados por los analistas es la propuesta de limitar el peso de la entrevista personal ante el pleno del Consejo en el puntaje total de los aspirantes. Según la versión impulsada por los jueces, esta instancia no podría superar el 10% de la evaluación. «Reducir la influencia de esa audiencia es crucial. Ha sido, en ocasiones, el espacio donde se alteró el orden de mérito con criterios poco transparentes», afirmó otro constitucionalista.
Además, el proyecto plantea una separación clara entre quienes diseñan los exámenes y quienes los corrigen, una medida destinada a evitar posibles filtraciones de información y a garantizar la igualdad de condiciones entre todos los postulantes.
Recepción institucional y una voz disonante
La iniciativa también ha sido recibida con beneplácito por organizaciones del ámbito jurídico. El Foro de Estudios sobre la Administración de la Justicia (FORES) emitió un comunicado en el que calificó el proyecto como un «avance institucional relevante» para robustecer la transparencia y legitimidad del sistema.
No obstante el amplio consenso, surgió un análisis que pone el foco en el procedimiento. Un académico planteó en sus redes sociales que, si bien coincide con varios aspectos sustantivos de la reforma, considera que la Corte podría haberse extralimitado en sus facultades al emitir una «Acordada» con pretensión de irradiación sobre todo el sistema, ya que la superintendencia del Poder Judicial recae, desde la reforma de 1994, en el Consejo de la Magistratura.
Próximos pasos
El documento lleva las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y se encuentra ahora en manos del Plenario del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de dar inicio formal al proceso de selección y de confeccionar las ternas que luego son elevadas al Poder Ejecutivo. Será este cuerpo quien deba debatir y eventualmente adoptar las modificaciones sugeridas, en lo que se perfila como un debate clave para el futuro del sistema judicial.