El Ministerio de Capital Humano anunció que recurrirá la medida cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, tras un fallo judicial a pedido de la CGT.
El Ministerio de Capital Humano anunció este miércoles que apelará la decisión judicial que suspendió, de manera cautelar, la aplicación de 83 artículos de la Ley 27802 de Modernización Laboral, una de las iniciativas centrales de la actual administración.
La medida fue comunicada a través de un mensaje en la red social X por la ministra Sandra Pettovello y se produce horas después de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 63 aceptara el pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) y frenara provisionalmente gran parte de la reforma aprobada por el Congreso.
De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio defenderá la norma «sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental», y agotará todas las instancias judiciales necesarias «para garantizar la plena vigencia de la Ley 27802».
La suspensión de los artículos fue solicitada por la CGT, que cuestionó la constitucionalidad de las modificaciones, argumentando que afectan principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales. Entre ellos, mencionó el derecho a la protección laboral, la libertad sindical y la no discriminación.
El tribunal laboral decidió suspender de manera provisoria la aplicación de los 83 artículos, al considerar que la demanda de la CGT reunía los requisitos procesales para tramitarse como una acción declarativa colectiva. La medida busca, según el fallo, mantener el status quo y evitar daños irreparables hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, sin que ello implique un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad.
El Estado nacional, representado por la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro, había planteado objeciones formales y sustanciales contra la demanda sindical. Argumentó, entre otros puntos, la falta de legitimación activa de la CGT para representar a todos los trabajadores y defendió la presunción de legitimidad de la actividad legislativa, subrayando que una suspensión afecta el interés público y la división de poderes.
El Gobierno reafirmó su compromiso con la reforma y rechazó lo que calificó como intentos de «obstaculizar una herramienta fundamental para la modernización del mercado laboral argentino».