Enarsa recibió dos ofertas técnicas para la importación privada de gas licuado, mientras se prepara la apertura de sobres para la venta de la participación estatal en la transportista eléctrica.
El Gobierno nacional avanza en dos procesos clave para el sector energético: la licitación para que un operador privado importe Gas Natural Licuado (GNL) y la venta de la participación estatal en Transener, la principal transportista de energía eléctrica del país.
Según informó la Secretaría de Energía, Energía Argentina (Enarsa) recibió dos ofertas técnicas en la primera etapa del proceso licitatorio para seleccionar a un único operador privado. Este será el responsable de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y comercializarlo en el mercado interno durante la temporada de invierno de 2026, período de mayor demanda.
El cronograma establece la apertura de sobres para el próximo lunes 13 de abril y la adjudicación para el martes 21 de abril. El criterio de selección será económico, priorizando la oferta que proponga el menor costo de importación. El contrato tendrá vigencia anual para cubrir el período crítico entre el 1° de abril y el 30 de septiembre.
Esta licitación forma parte de un nuevo esquema oficial, establecido mediante la Resolución 33/2026, que transfiere al sector privado la importación de GNL, una actividad que hasta ahora realizaba el Estado. El cambio implica que el operador privado asumirá la coordinación logística y el riesgo comercial, marcando el fin de la intermediación estatal en este segmento.
En paralelo, el martes 14 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener. El proceso, declarado de interés público y sujeto a privatización, se lleva a cabo en varias etapas con el objetivo de asegurar la transparencia y la continuidad operativa.
Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa. Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en el país, lo que representa alrededor del 85% de la red de alta tensión nacional.
Ambas iniciativas se enmarcan en la política oficial de transferir al sector privado actividades que estaban en manos del Estado, con el objetivo declarado de optimizar la operatoria y captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional.